Foto cortesía de Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).


 

Un conflicto entre “órganos fundamentales” del país considera que existe en este momento el abogado constitucionalista Francisco Betrand Galindo, a raíz de las diferencias entre el presidente de la República, Nayib Bukele, y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Señala que hay una “clara desobediencia de la parte judicial” y valora que el país está enfrentando uno de los “problemas más graves”, en términos institucionales, situación que señala inició en febrero pasado con la irrupción de la Fuerza Armada a la Asamblea Legislativa y ahora con acciones “autoritarias” y dictatoriales” del Ejecutivo.

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Bertrand Galindo sostuvo hoy que el Presidente y sus funcionarios se han declarado en desacato al manifestar que no cumplirán la resolución de la Sala de lo Constitucional, emitida anoche, mediante la cual reitera que las detenciones por violar la cuarentena son ilegales si no existe una ley que respalde esas acciones, que hasta hoy están incluidas en el decreto ejecutivo 19 que establece el manejo de la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.

“Ellos se han declarado en desacato, eso es lo que ha pasado acá, y aquí las resoluciones de los jueces no es si me gustan o no me gustan, no es que creo que lo voy a cumplir o no lo voy a cumplir. Hay que cumplirla, y la Sala no es obcecada, no le ha dicho usted ha entrado en delito, simplemente le dice urge la ley, emita esa ley y regule los casos”, expresó en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

El abogado tildó el decreto 19 como un “absurdo jurídico”, institucionalmente hablando, y criticó que se pretenda sustituir un régimen de excepción por un decreto del Ministerio de Salud, amparado en el Cödigo de Salud.

Sobre las palabras de Bukele ante el pronunciamiento de la Sala, dijo esperar que solo sean “bravuconadas públicas” y no acciones que dañen los derechos de los ciudadanos.

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El abogado y Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, instaron hoy a que la situación se resuelva vía consenso entre la Asamblea Legislativa y el gobierno para aprobar una ley de emergencia que respete los derechos humanos y también solvente las observaciones hecha por la Sala.

Escobar recordó a a ciudadanía que ante cualquier abuso de las autoridades durante la cuarentena pueden recurrir a las vías de hábeas corpus y al amparo para denunciar los casos. También criticó el papel de la Fiscalía General de la República (FGR) en este conflicto, en específico del fiscal Raúl Melara, de quien dijo ha tenido un "perfil bajo" en estos temas, y duda que el Ministerio Público decida proceder ante el incumplimiento de la resolución judicial.