“No era todavía el momento para un estado de excepción”

El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca), Andreu Oliva, pide al presidente de la República, Nayib Bukele, más apertura al diálogo con la Asamblea Legislativa. Cree que no era el momento para implementar el estado de excepción y que bastaba la declaratoria de emergencia y define los hechos acaecidos el 9F como un acto electoral del Gobierno. Oliva no objeta del todo la Ley de Reconciliación Nacional aprobada por la Asamblea Legislativa.

 

La semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción. ¿Era necesario para atender la emergencia por coronavirus?

Era suficiente declarar estado de emergencia para poder tener los recursos necesarios y organizar a las distintas instituciones para atender esta emergencia. El estado de excepción, que limita las garantías constitucionales de la población, debe ser la última medida y cuando no haya otro camino posible para defender la vida, los derechos de los ciudadanos. Creemos que no era todavía el momento para un estado de excepción, aunque hay que decir que el único derecho que se ha afectado es el derecho de libre tránsito. Este derecho, si no se abusa de él, sí puede ayudar a la prevención respecto al virus, dado que habría personas que podrían no estar de acuerdo a que se les obligue estar en cuarentena o que se les mantenga en determinados lugares. El estado de excepción será por 15 días; si no hay abusos, no van a suponer una mayor dificultad para que la población siga ejerciendo sus derechos constitucionales.

 

¿Cómo ha visto el manejo del coronavirus por parte del Gobierno y la empresa privada?

El Gobierno ha hecho sus mejores esfuerzos para tener una prevención y evitar el contagio. Todos sabemos cuando se da el primer caso y hemos visto en otros países que, cuando se da el primer caso, es un contagio que no para. Creo que pudo hacerse una mejor organización, más inmediata, al definir los centros de cuarentena, le faltaron a las pesonas cuestiones tan básicas como la alimentación o la higiene personal necesaria, que eso se debió a una cierta improvisación por tomar medidas lo más pronto posible.

 

¿Han visto o recibido denuncias de violación a derechos humanos de las personas en cuarentena?

No hemos recibido denuncias de violaciones a los derechos humanos. Las personas se han quejado y presentado ante la Sala de lo Constitucional hábeas corpus, de que no estaban en las condiciones que se les garantizara su salud y evitar contagios. Las personas señalaron que podían contagiarse con facilidad por estar en esas condiciones.

 

En los hechos del 9F, ¿observaron alguna vulneración del orden constitucional?

Hubo violación al orden constitucional, que inció cuando el Presidente hace la convocatoria a la Asamblea Legislativa para que discutan la aprobación para negociar el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Desde ese momento, hay una vulneración al orden constitucional porque no hay razones que expresa el Presidente para esta urgencia en la Asamblea, cuando la Asamblea ya se estaba reuniendo, había tratado el tema y simplemente había pospuesto la fecha para reunirse y aprobarlo. Vimos una actitud del Presidente de querer amenazar la Asamblea Legislativa. Hubo un rompimiento constitucional de la independencia de los poderes porque se tomó militarmente la Asamblea Legislativa. Una vez estaba tomada policial y militarmente, llega, entra a la Asamblea y él mismo inicia la sesión plenaria, lo cual tampoco le corresponde porque el inicio solo lo puede hacer el presidente o el presidente en funciones de la Asamblea Legislativa. Creo que fue un día muy triste para El Salvador, que después de tantos años desde la firma de los Acuerdos de Paz, donde se ha respetado siempre el orden constitucional, la independencia de poderes, se diera esta ruptura y esta invasión del Ejecutivo, algo que llamó la atención de la comunidad internacional y organizaciones, como esta universidad.

 

¿Cuál cree que fue el trasfondo?

En ese acto podemos ver un interés del presidente Nayib Bukele de tener el control del poder legislativo, de convertir aquel hecho en un primer acto de campaña electoral, él dijo que podía tener paciencia porque en definitiva, en febrero de 2021 cuando haya elecciones iban a sacar a los diputados de la Asamblea Legislativa.

 

¿Es acertada la decisión de interpelar al ministro de la Defensa por el 9F?

Hay una tendencia en El Salvador que, cuando hay algo que no nos parece, decir que es revanchismo. Esto es un control constitucional.

 

¿Qué lecciones deja este 9F?

Que no es a través de la ruptura de la institucionalidad, ni del irrespeto de la instituciones que vamos a resolver los problemas del país; que debe respetarse la independencia de poderes; que debe respetarse la Constitución; que debe buscarse el diálogo. El Ejecutivo debe tener mayor apertura a dialogar con la Asamblea y a buscar acuerdos con la Asamblea.

 

¿Cree que la Ley de Reconciliación Nacional es una ley de amnistía disfrazada para favorecer la impunidad?

No es una ley de amnistía porque la ley de amnistía dice no hubo delito, la ley de amnistía dice no hay juicio, pero esta ley sí plantea que va a haber juicio en los casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por lo tanto, van a haber juicios si el fiscal hace bien su trabajo y estos juicios van a tener penas y eso, por tanto, no es una ley de amnistía pero sí es una ley que puede dar lugar a la impunidad. Primero, si el fiscal decide que los casos que las organizaciones de derechos humanos o las víctimas consideran que son crímenes de guerra o lesa humanidad, el fiscal diga que no lo son; entonces, ya no habría posibilidad de juicio y no hay otra instancia a la que recurrir. Por otro lado, si el juez después de dar la pena decide dar medidas sustitutivas a la cárcel, también sería impunidad porque no se cumpliría la pena, cuando la pena debe ser proporcional al daño cometido.