La justificación que algunos magistrados han dado es “costos”. No votar, en la mayoría de los casos, es una decisión política. El ciudadano tiene derecho a la abstención y eso no es culpa del ciudadano, es culpa de la oferta electoral que nos ha condenado a elegir al “menos peor” como nos ha sucedido en varias elecciones presidenciales y ni qué decir a la hora de elegir diputados.
Ese mismo ciudadano que no ha votado las últimas tres o cuatro elecciones, tiene tanto derecho a elegir como el que vota religiosamente en todas las elecciones, por lo tanto lo que el TSE está proponiendo es cortarle el derecho a esos ciudadanos que, por las razones que sean, se han acogido al derecho a la abstención.
Estoy de acuerdo con que se pongan más rigurosos en depurar el padrón de personas fallecidas e incluso sancionar a aquellas alcaldías que tienen años de no mandar los informes de los difuntos al Registro Nacional de las Personas Naturales.
Evidentemente en el padrón también hay gente que ha migrado, pero que tampoco tiene por qué perder el derecho de ejercer su derecho ciudadano.
La abstención ocurre en todos los países del mundo, incluyendo las democracias más desarrolladas. Pretender quitarle el derecho al voto a quien ha ejercido el derecho a no votar porque no le parece la oferta electoral, es castigar una decisión política de repudio a la clase política.
La abstención es parte de la actitud ciudadana a ser cada vez más exigentes con su clase política ante las continuas decepciones que nos ha dado.