La junta presidida por Ricardo Monge recibió credenciales del Miniterio de Trabajo este año, tras una junta extraordinaria, según afirmaron. / Óscar Machón


La junta directiva del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS), que recibió credenciales del Ministerio de Trabajo en julio pasado, asegura que la administración encabezada por Armida Franco cometió “actos de corrupción durante diez años”.

El nuevo secretario general, Ricardo Monge Cornejo, aseguró que la administración, que él califica como “la junta anterior”, modificó el Contrato Colectivo de los Trabajadores, específicamente las cláusulas 26, 27, 34 y 50.

Señaló que Franco robó $180 mil al sindicato, un monto que había sido entregado para la construcción de un polideportivo, que no ha sido construido. Denunció que la administración de Franco tiene una deuda con una imprenta de $8,044 y con una cooperativa, de $11,308.20. Asimismo, dijo que esa administración “ha saqueado las dos cuentas del sindicato”. Explicó que en una se mantenía una cantidad de $7,490 y ahora solo hay $790.65, mientras que en la otra había un capital de $611.94 y actualmente hay $51.30.

Además, indicó que “la junta anterior” contrató “servicios de telefonía con un sistema VIP”, por el cual cancelaba mensualmente una factura de $581.72.

“Ellos malversaron fondos, desconocemos qué hicieron con esos fondos y hacemos el llamado, no estamos para provocación, estamos para hacer un trabajo que haga avanzar la clase trabajadora”, expresó Monge, quien estuvo acompañado por Salvador Ayala, presidente de la Comisión del Fondo de Protección.

Según Ayala, la junta presidida por Franco fusionó las cláusulas 54 y 55 del Contrato Colectivo en 2017, “dejando afuera la responsabilidad del empleador de pagar una indemnización”. El sindicalista aclaró que el Fondo de Protección con el que cuenta el STISSS no es de $104 millones, como lo expresó Franco, sino de $105,112,098. 27.

“Eso lo compone el patrimonio, el aporte inicial y la reserva técnica…En este momento el empleador está poniendo $3,634,688.48 y los trabajadores $908,646.14. Toda esta información se está sustrayendo de los estados de resultados y los balances financieros del Fondo de Protección”, dijo.

El pasado martes, la junta presidida por Franco aseguró que la junta “ilegítima” de Monge se ha “inventado” el discurso de actos de corrupción “para tapar la ilegalidad que se ha cometido”.