Nos hemos enterado de que en la Asamblea Legislativa se habla de un nuevo proyecto de ley que pretende sustituir la declarada inconstitucional ley de amnistía que se emitió para que El Salvador pudiera entrar a una etapa de paz y finalizar formalmente a una guerra civil, que por años, formal o informalmente, dividió a nuestro país y a la familia salvadoreña, en sectores dominados por odios políticos nacidos por intereses egoístas disfrazados y originados por supuestos intereses sociales de sectores privilegiados que explotaban económicamente a sus semejantes, en forma inmisericorde, y permitieron por años, la formación de oligarquías que impedían el desarrollo normal y natural de los sectores menos privilegiados de los salvadoreños.

En nuestra forma de ver las cosas, y después de vivir casi treinta años de “paz”, y con la experiencia de que los “alzados en armas” de entonces, han tenido la oportunidad de gobernar e implementar las políticas que se suponía iban a corregir las desigualdades sociales, y lo único que demostraron fue la creación de una nueva clase social de nuevos ricos, o sea, una nueva oligarquía que actualmente el mismo pueblo que los llevó al poder los está desplazando hacia donde estaban, con la diferencia que la dirigencia regresa con los bolsillos repletos, queda demostrado que la guerra fue políticamente inútil e inoperante.

Sin embargo, también hemos percibido que gente con verdadera conciencia social, desea dejar atrás y para siempre aquella deuda moral que los resentidos de siempre –para usar la frase de moda- no pueden superar, y desean regresar a términos y procedimientos de venganza y odio, llamando a recurrir a procesos de justicia “restaurativa” y otras denominaciones, para traer del pasado crímenes que laceraron la conciencia de los salvadoreños, y que reclaman como sin castigo, y como evidencias de impunidad, pero solamente de uno de los lados del conflicto.

El caso del ahora Santo Óscar Arnulfo Romero, llevado y traído por años, es retomado, pese a haber sido ya elevado a los altares, con el objeto de “explotarlo políticamente”, porque la santidad declarada no produjo la expectativa esperada en las multitudes populares. Ya se escuchan voces de protesta contra esa pretendida nueva ley de amnistía porque borraría para siempre la página violenta de nuestra historia, que de alguna forma, es causa de vergüenza para nuestra nación. Iglesias de todo tipo, cunas naturales del perdón, se contradicen al negarse a sí mismas cuando insisten en que se continúen las investigaciones de crímenes -ahora con la modalidad de sin castigo ni penitencia, salvo la difamación- del pasado, cuando las nuevas generaciones ni siquiera existían.

Algunos se preguntan cúal será el interés de mantener vigente el recuerdo de los pasajes más oscuros de la historia de El Salvador, cuando ha quedado demostrado que el interés de la toma del poder político fracasó rotundamente con el desplazamiento de los exguerrilleros del poder legislativo el año pasado, y del ejecutivo en febrero del presente año. En realidad, cualquier ciudadano puede expresar sus ideas e interpretar los hechos a su libre albedrío, pero cerrar su visión a una realidad que está a la vista, no solo es una posición equivocada, sino que no deja de ser temeraria y provocativa, porque la tendencia de “haces esto o pierdes la vida” solamente ha quedado a nivel de pandillas, no de políticos. Definitivamente la política de la post guerra ha cambiado.

Las recientes elecciones lo han dicho claramente, y quien no lo entienda, deberá dedicarse a otra cosa o a buscar un oficio nuevo. Los corruptos –que abundan- deberán entender que el método de supervivencia está agotado, y en lo sucesivo solamente se permitirá lo legítimo. El nepotismo, el compadrazgo, los cargos por amistad, deberán quedar en el pasado. Eso es lo que la nueva política está dictando, para los políticos que salen y para los que vienen. Todos los ciudadanos deben ejercer funciones de vigilancia.