Ayer el gobierno de Estados Unidos anunció una nueva normativa que penalizará a los inmigrantes que se beneficien de ayudas sociales, negando la residencia definitiva o la ciudadanía a extranjeros que reciban subsidios en el país norteamericano.

La redefinición de la ley de "carga pública" entrará en vigencia el próximo 15 de octubre, y desde entonces, explicó ayer Ken Cuccinelli, director interino de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración en la Casa , "los funcionarios migratorios van a considerar que si un extranjero recibió o recibe algunas de las ayudas señaladas esto va a ser considerado como un factor negativo al examinar su caso".

La ley ha sido catalogada por abogados como un ataque a los inmigrantes que tienen sus documentos en regla, reporta el sitio Univision.com. Bajo esta perspectiva, añaden, los inmigrantes que utilicen ayudas públicas correrán el riesgo de enfrentar juicios de deportación en caso de que soliciten un cambio de estatus, como pedir la "green card" o una ampliación a su periodo de estadía tras ingresar con una visa a Estados Unidos.

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"Cualquier persona que le nieguen su proceso migratorio y no tenga estatus legal, está sujeto a enfrentar un juicio de deportación (...) Si ese es el caso, el inmigrante no podrá apelar bajo el amparo de la Ley de Inmigración”, explicó el abogado de inmigración José Guerrero.

Los inmigrantes a quienes se les niegue su proceso migratorio basado en la ley de carga pública, añade Guerrero, pueden "hacer una moción de reconsideración argumentando que la decisión es incorrecta basada en la ley (...) o una moción de reapertura sometiendo nueva evidencia que la persona sí califica para el beneficio migratorio solicitado, ya sea un cambio de estatus y una ampliación del plazo de una visa”.

La normativa anunciada por Cuccinelli establece que si a una persona le niegan una petición de beneficio, esta regresa a su estado migratorio anterior, por lo que algunos casos podrían quedar acumulando tiempo de estadía ilegal.

Stephen Yale-Loehr, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York, señala que esta ley “aumentará dramáticamente el número de inmigrantes que pueden ser considerados no elegibles para la tarjeta verdes en función del uso de ciertos servicios gubernamentales, ingresos del hogar y otros criterios”.

Agregó que la política vigente no consideraba carga pública a los ciudadanos extranjeros que usan beneficios no monetarios como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y Medicaid, pero que la norma anunciada ayer cambia ese concepto.

“Esta regla radical amenazará la capacidad de muchos inmigrantes de buscar los recursos básicos a los que tienen derecho y que necesitan para prosperar en Estados Unidos”, dijo Marketa Lindt, presidenta de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).