Nayib Bukele asume este sábado la Presidencia de la República, en medio de un escenario retador para la economía salvadoreña que sigue sin superar su histórico bajo crecimiento.

Los pronósticos oficiales presentados a finales de marzo por el Banco Central de Reserva (BCR) indican que las remesas familiares, las exportaciones de bienes y la inversión pública moderarían su ritmo de crecimiento este año, lo que provocaría una leve desaceleración en la economía salvadoreña.

A finales del año pasado, el BCR estimó que el Producto Interno Bruto (PIB, que mide la producción nacional de bienes y servicios) crecería 2.6 % en 2019, pero ante un escenario interno y externo más retador de lo previsto, la institución revisó a la baja esa proyección y ahora espera un avance del 2.4 %.

Además de ser una previsión menor, significa una leve desaceleración para la economía salvadoreña, ya que en 2018 creció 2.5 %, una décima más.

Las previsiones oficiales coinciden con las de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). En un informe publicado el mes pasado, el organismo señaló que la economía salvadoreña crecería este año 2.5 %, al igual que en 2018, “en línea con las perspectivas de crecimiento global”.

Para el FMI, la desaceleración se presentará durante el periodo 2020-2024.

“En 2020-2024, el personal (del FMI) espera que el crecimiento se desacelere junto con la economía de Estados Unidos, debido a una menor demanda externa”, señaló el Fondo. Añadió que las remesas familiares recuperarían su tasa de crecimiento histórica.



Erradicar la violencia es clave

En un reciente informe, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concluyó que El Salvador crece poco por los bajos niveles de inversión. En el último quinquenio, indicó el multilateral, la inversión en el país representó el 14 % del PIB, mientras que el promedio de Centroamérica y República Dominicana fue 26 % en ese mismo periodo.

¿Por qué hay poca inversión? El BID identifica cinco razones: baja productividad en el sector transable, la violencia y el alto costo del crimen, la falta de confianza, tramitología y procesos legales engorrosos, y las deficiencias de capital humano, las cuales “obstaculizan la dotación de habilidades necesarias en la fuerza laboral y, por ende, limitan las posibilidades de diversificación productiva”.

El FMI señaló en su reporte de mayo que combatir el crimen no solo tendría efectos positivos en la inversión, también en la migración.

Un estudio del BCR estima que los costos en los que incurren el Gobierno, los ciudadanos salvadoreños y las empresas por la violencia ascendieron a $4,026.3 millones en 2014.

El mayor impacto, señaló el estudio publicado en 2016, proviene del pago de extorsiones y los robos que sufren los ciudadanos y las empresas, con $1,303.5 millones.

En segundo lugar está el costo generado por producción que no se obtuvo e inversiones que no se ejecutaron, el cual representó el 4.8 % del PIB, con $1,170.1 millones y $28.7 millones, respectivamente.