El vicepresidente electo, Félix Ulloa, dijo que el nuevo gobierno tiene la obligación de enfrentar el fenómeno del desplazamiento forzado por violencia, que afecta a cientos de salvadoreños que huyen, principalmente, de pandillas.
"Como nuevo gobierno tenemos la obligación, no solo moral, de enfrentar el problema sino de carácter legal y judicial, porque se trata de una sentencia", dijo Ulloa.
El vicepresidente hace referencia a una sentencia de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó al Estado reconocer el desplazamiento forzado por violencia a través de una normativa específica, además de atender a las víctimas, recobrar los territorios dominados por pandillas e investigar los casos denunciados.
Para legislar, la Sala dio un plazo de seis meses, que se vencieron el pasado 13 de enero de 2019, fecha donde la Comisión de Legislación no había agendado el tema. La referida Comisión tiene tres anteproyectos sobre el desplazamiento que no han sido estudiados.
El actual gobierno ha reconocido la existencia del fenómeno, luego de un largo camino donde lo había nombrado como movilidad interna y argumentado que sus causas "eran multicausales". Ulloa señaló que el fenómeno ha sido invisibilizado "a propósito".
"Se ha tratado esta problemática, primero de invisibilizarla, se ha tratado de negarla posteriormente, después de las presiones de sociedad civil empezó a hablarse de ella y últimamente se trata de hablar de manera apresurada y probablemente muy superficial", señaló Celia Medrano, directora regional se programas de Cristosal.
Las declaraciones fueron dadas durante la entrega del informe del desplazamiento interno forzado por violencia generalizada en los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador, al nuevo gobierno.