“Está en mi agenda”, aseguró María Luisa Hayem Brevé, la nueva ministra de Economía, y aseguró que será “uno de los temas que voy a considerar muy seriamente” porque “es muy importante contar con información para poder tomar las decisiones”.
La Ley Orgánica del Servicio Estadístico delega esta tarea a la Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc), que aunque es dependencia del Minec, está bajo el mandato del Viceministerio de Comercio e Industria y el presidente Nayib Bukele aún no nombra al sucesor de la anterior administración.
El Salvador no actualiza sus estadísticas de población desde 2007, pese a que esta misma ley establece que el censo de población, edificio y vivienda se debe realizar cada 10 años, en aquellos terminados en cero.
El censo de agropecuario también es una deuda pendiente. Se actualizó en 2009 y la ley establece que debe levantarse cada cinco años, en los terminados en dígitos de cinco y cero.
Una gestión que no rindió frutos
El anterior Gobierno comenzó en 2015 a gestionar un préstamo por $40 millones con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para realizar tanto el censo de población, como el agropecuario y la encuesta de ingresos y gastos de los hogares.
La operación financiera se consolidó con el BID a nivel de negociaciones, organismo que “estaba a disposición de someterlo al directorio” explicó a Diario El Mundo Merlin Barrera, cuando aún era viceministra de Comercio e Industria. No obstante, dijo en ese momento Barrera, la ahora extinta Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia decidió que no procediera porque en ese momento la Asamblea Legislativa, en particular el partido de oposición, ARENA, había decidido bloquear toda aprobación de deuda pública.
“En 2017 hubo varios préstamos que la Asamblea no aprobó (…). La Secretaría y el BID tenían temor que pasara al directorio del banco y la Asamblea no lo aprobara. Por esta razón el préstamo nunca pasó, no tenemos recursos para eso (para el censo)”, manifestó Barrera.
Aseguró que “mientras se daban las condiciones políticas”, el personal del Minec y de la Digestyc se capacitaron en México y Honduras en temas de cartografía y en levantamiento de información en zonas asediadas por pandillas.
En tanto, Evaristo Hernández, quien hasta mayo fungió como director de la Digestyc, confirmó que la institución realizó una prueba piloto en 2018 en Cacaopera, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). El objetivo era medir la funcionalidad de la metodología.
Dicha metodología, indicó Barrera, incorpora preguntas destinadas para la población indígena y la elaboración del instrumento contó con el apoyo de Naciones Unidas a través de su brazo de estadísticas.
Si las nuevas autoridades del Gobierno retoman las negociaciones con el BID y “se es muy eficiente” en la gestión del préstamo “en un año se podría estar listo para iniciar el censo de población”, dijo la exfuncionaria.
¿Cada cuánto se deben realizar?
Población
La Ley Orgánica del Servicio Estadístico establece que se debe realizar cada diez años, en aquellos terminados en dígitos de cero. El último levantamiento en El Salvador se concretó en 2007.
Agropecuario
Este censo, según la ley, se debe levantar cada cinco años, en los terminados en cinco y cero. El último se realizó entre 2007 y 2008 por el MAG en coordinación con el Viceministerio de Comercio. Se presentó en 2009.
Una promesa incumplida
2007
Se presentó el censo de población y vivienda, donde se calculó una población de 5.74 millones de personas, 2.7 millones eran hombres y 3.02 millones era mujeres. De la masa poblacional total, 3.59 millones de personas vivían en la zona urbana y 2.14 millones en el área rural.
2009
El cuarto censo agropecuario se finalizó en 2009, aunque se comenzó a realizar entre 2007 y 2008. El primer levantamiento de estadísticas de esta naturaleza se realizó en 1950, el segundo se desarrolló en 1961 y el tercero se concretó en 1971.
2015
El Gobierno comenzó a gestionar recursos con el BM y el BID para financiar un nuevo censo de población, agropecuario y la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. La negociación se concretó con el BID con un préstamo de $40 millones y la Digestyc se comprometió a realizar el censo en 2018.
2019
El anterior Gobierno confirmó que no se presentó el préstamo al directorio del BID por temor a no recibir apoyo de la Asamblea Legislativa. El nuevo Ejecutivo se comprometió a retomar el censo de población, a más de una década de la última actualización.