Ocho de cada 10 personas que habitan el corredor seco en El Salvador sufren inseguridad alimentaria a causa de la sequía severa y posterior temporada de tormentas en 2018, revela un estudio de organizaciones internacionales humanitarias.

El consorcio de organismos humanitarios, integrado por Save the Children, Catholic Relief Services (CRS), Oxfam y World Vision, elaboró el estudio “Evaluación de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida”, un acercamiento al impacto de la sequía prolongada que vivió El Salvador hace un año, y cuyos efectos permanecen en las familias de los municipios más afectados.

El Salvador enfrentó en 2018 los dos extremos del cambio climático. Del 22 de junio al 1 de agosto del año pasado, los cultivos soportaron una sequía extrema de 40 días consecutivos, la más larga registrada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en los últimos 48 años. Esto ocasionó, según el estudio, una pérdida de más del 55 % de las cosechas de frijol y más del 61 % de maíz.

Luego, entre septiembre y octubre, cuando los agricultores apostaban por recuperarse en la postrera, la influencia del huracán Michael en el país ahogó las esperanzas de las familias con cultivos de subsistencia, ocasionando pérdidas del 53% en frijol y del 44 % en maíz.

El sector agropecuario debe a ambos fenómenos una pérdida conjunta de $59.2 millones, según estimaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Los eventos, además, repercutieron directamente en la disminución y pérdida completa de las fuentes de ingreso y alimentación de miles de familias.

Para medir la incidencia de estas pérdidas en la población, la investigación utilizó el enfoque de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF, por su sigla en inglés), un protocolo internacional que subdivide en cuatro fases la seguridad alimentaria de acuerdo al acceso de alimentos, “con resultados preocupantes para El Salvador”, aseguró Ludin Caballero, directora de Programas de Save the Children.

El análisis se implementó en 18 municipios de oriente y occidente del país, de cinco departamentos que pertenecen al Corredor Seco y donde hay hogares vinculados al cultivo de granos básicos para subsistencia. Estas zonas también forman parte de la red de apoyo de alguna de las cuatro organizaciones involucradas.

 

Alta incidencia de hambre

El estudio tomó como muestra a 277,769 personas residentes de los departamentos en oriente de San Vicente, Usulután, San Miguel y Morazán; y Ahuachapán, al occidente. De este grupo poblacional, unos 227,236 salvadoreños, más del 81.8 %, está en riesgo de inseguridad alimentaria en distintas fases, explicó Holly Inurreta, representante de CRS en El Salvador.

El 1.8 % está en la fase IV, la más grave de la escala. “Más de 5,130 personas necesitan alimentarse ahora mismo, porque están en emergencia de inseguridad alimentaria”; es decir, están en situación de crisis y no tienen medios de subsistencia porque ya vendieron todos sus activos como insumos agrícolas y animales, aseguró.

Otras 69,350 personas, el 24.9 %, están en la fase III, que indica la incapacidad de adquirir los productos de una Canasta Básica Alimentaria (CBA) completa.

El resto de 52,747, el 54.9 % de los afectados, está en la fase II, con cierto grado de inseguridad alimentaria por no tener la ingesta calórica mínima necesaria para todos los miembros de su familia.