El informe de la ONU da cuenta del asesinato de miles de personas por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, la violación permanente al ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, y la “erosión del Estado de derecho” en Venezuela.
No hay nada que defender del régimen venezolano, el mismo que el gobierno anterior del FMLN consideraba “el faro de luz”. Menos mal que la actual administración presidencial ha corregido esa visión y no estamos más en el reducido grupo de gobiernos que actúan como cómplices de Maduro.
El informe de la ONU indica que desde 2018, cerca de 7.000 personas fueron asesinadas en casos supuestamente de “resistencia a la autoridad”, según el gobierno, durante operaciones de seguridad. En otras palabras, ejecuciones extrajudiciales.
La alta comisionada, la chilena Michelle Bachelet, también denunció las amenazas, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que sufren opositores y defensores de los derechos humanos. La denuncia tiene que proseguir y el mundo debe dejar de tolerar regímenes como éste.