La gran mayoría de esas muertes fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad, proporción “sorprendentemente elevada”, alertó Bachelet.
En su informe tras su visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resaltó que “grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”.
La alta responsable de la ONU pidió en sus conclusiones disolver las Fuerzas Especiales (FAES) de la Policía Nacional venezolana, a las que achaca la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, registradas en 2018 y otras 1.569 entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019.
Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio gobierno venezolano, precisó a la AFP una portavoz, Ravina Shamdasani. “Nos fueron enviadas en directa respuesta a nuestras solicitudes”, detalló.
Sin embargo, “otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”, había resaltado Bachelet.
Además reveló que hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la Alta Comisionada.
Adicional al pedido de la disolución de las FAES y los “colectivos”, Bachelet recomienda crear “un mecanismo nacional imparcial e independiente” para investigar las ejecuciones extrajudiciales, y pide al gobierno publicar regularmente datos exhaustivos sobre la salud y el acceso a agua y alimentos de la población venezolana.
Seguridad y verdugos
Según una veintena de testimonios recogidos por la ONU, las FAES allanan domicilios, separan a jóvenes de sus familias y los ejecutan a sangre fría.
A Naciones Unidas le preocupa que las autoridades puedan usar a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para “infundir miedo” y “mantener el control social”, según el texto.
El informe recordó que Bachelet ha pedido la creación de una oficina permanente en Venezuela.
Para el gobierno venezolano, el documento “nada dice (...) sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país”, en referencia a sanciones de Estados Unidos.
El informe de Bachelet confirma “todas las denuncias que hemos realizado durante años”, reaccionó Guaidó, calificando al gobierno de Maduro de “dictadura sanguinaria”.
Venezuela vive además una severa crisis económica, agravada por un embargo petrolero y sanciones financieras de Estados Unidos para tratar de deponer a Maduro.
“El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas”, explica la ONU.
Guaidó, en tanto, renovó su llamado a protestas para hoy, cuando se conmemora la declaración de Independencia de Venezuela.
Agentes de la inteligencia de Maduro mataron a golpes a capitán
El capitán venezolano Rafael Acosta Arévalo murió mientras era torturado por miembros de la Inteligencia chavista que actuaban con pleno conocimiento de Nicolás Maduro.
El diario español ABC, reportó que la autopsia realizada al militar reveló que éste murió debido a un “edema cerebral severo debido a la insuficiencia respiratoria aguda producida por la serie de golpes a los que fue sometido, mientras estaba bajo custodia de las autoridades en un centro clandestino.
Según ABC los hallazgos médicos fueron filtrados por el director de actuación procesal del Ministerio Público en el exilio, Zair Mundaray.
El informe detalla que el oficial tenía severas “ fracturadas , “dieciséis costillas, el tabique nasal”, entre otras lesiones.
