La jefe de Oficina País de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Mónica Mendoza, recomendó que la Asamblea Legislativa apruebe la ‘Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos’, en el primer trimestre de 2020 para enfrentar la evaluación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), en 2022.
El anteproyecto fue presentado por el fiscal general, Raúl Melara, el 1 de octubre a la Asamblea Legislativa, luego de incorporar modificaciones al proyecto del exfiscal, Douglas Meléndez. Ambos proyectos fueron elaborados con apoyo técnico de la Unodc. Ahora está en estudio en la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa y los diputados han estudiado 3 de 101 artículos.
“La recomendación de nosotros, desde el punto de vista técnico, es no dejar pasar más allá del primer trimestre del año 2020, para poder darles un tiempo de implementación, es importante no solamente que se adopte la ley, sino que todas las instituciones comiencen a trabajar en los nuevos roles”, recomendó la jefe de Oficina País de la Unodc.
Explicó que la nueva normativa ayudará al Estado salvadoreño a estar en sintonía con las estándares internacionales en el combate del lavado de activos y recordó que, en el 2022, el país será evaluado por el Gafic, en materia de detección, prevención, investigación, operación internacional y persecución de este delito transnacional.
“Lo importante es que la aprueben en el menor tiempo posible, la evaluación del Gafic sobre estas temáticas llega en 2022; en 2020 y 2021 vamos a estar un acompañamiento técnico a nivel nacional para apoyar en todo el proceso de mejorar la institucionalidad y fortalecimiento en estas materias”, sugirió la jefe de Oficina País de la Unodc.
Argumentó que la nueva ley incorpora estándares internacionales al enfocarse en las actividades económicas más propensas al lavado y porque la normativa actual presenta vacíos. La Ley contra el lavado de dinero y de activos vigente fue aprobada el 10 de diciembre de 1998 por la Asamblea Legislativa y fue reformada el 23 de septiembre de 2015.
“La legislación actual, en el artículo 2, existe una obligación generalizada, casi se extiende a toda persona natural o jurídica que existe en el país, eso no es eficiente, no es posible e imposibilita a cualquier Estado a poder ser efectivo en temas de estándares internacionales. Lo que se recomienda es basado en los análisis de riesgo, mirar aquellas actividades económicas que pueden llegar a ser más vulnerables frente al fenómeno”, planteó la jefe de Unodc.