Por ejemplo, si solo se tomara el valor que aprobó la Asamblea Legislativa en 2022 para el ramo de educación el monto hubiera sido de $1,473.23 millones, un valor mayor al que se ejecutó en 2021. Pero si se analiza el monto que se terminó gastando al final del año, resulta que fue de solo $1,251.9 millones, es decir un 18% menos de lo que se había previsto. Esto es muy significativo, porque más allá de la propaganda, finalmente en 2022 el gobierno salvadoreño resulta que terminó destinando a la educación menos recursos que los gastó en 2021, en un contexto donde uno de cada tres niños, niñas y adolescentes ni siquiera asisten a la escuela, donde quienes asisten muy difícilmente podrán terminar su formación educativa y si lo hacen la calidad de servicio que recibirían es muy baja.
Es decir, que 2022 tuvo características de austeridad, debido al acceso limitado al financiamiento y la prioridad al pago del servicio de la deuda pública. Si se comparan las cifras como porcentaje del PIB en el caso del ramo de educación, pasó de 4.6% del PIB en 2021 a 3.9% en 2022, mientras que el de salud pasó de 3.5 a 3.4% del PIB, y el de obras públicas de 1.5 a 0.9% PIB. Por lo que una aparente mejor en el resultado macro fiscal y de la sostenibilidad de la deuda pública puede ser a costa del bienestar de la población salvadoreña.
El Icefi ha publicado un documento donde además de estos datos, muestra un ejercicio de comparar los cambios entre el proyecto de presupuesto 2023 presentado por el Ejecutivo y el aprobado por la Asamblea Legislativa. Aunque no hay diferencias en el monto global, se reacomodaron los montos institucionales, principalmente para incluir transferencias a organizaciones no gubernamentales, sin respaldo ni justificación técnica. Sí, una Asamblea que tanto ha criticado darles recursos a oenegés sin ningún tipo de respaldo técnico, resulta que al final de cuenta termina haciendo lo mismo.
Al revisar el presupuesto aprobado, en 2023, la partida presupuestaria más grande es el pago del servicio de la deuda pública, que incluye intereses y amortizaciones, alcanzando $2,134.9 millones, muy por encima de los $1,502.5 para el ramo de educación o de los $1,131.1 millones para el de salud.
Por su relevancia en un contexto de inflación alta y con niveles bajos de cobertura de protección social, el recorte que en 2023 se está aplicando al ramo de agricultura y al programa de la pensión para los adultos mayores y personas con discapacidad, contrasta con los aumentos en las asignaciones de recursos para la Secretaria de Comunicaciones y la Secretaria de Prensa, de la Presidencia de la República. Además, nuevamente el presupuesto aprobado incluye partidas de gasto subestimadas, como la devolución de impuestos y el servicio de la deuda.
En cuanto a la transparencia, se siguen encontrando obstáculos para acceder a la información pública y faltan espacios para la participación ciudadana. Además, persiste el uso del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), un mecanismo ampliamente discrecional y opaco, especialmente porque a su manejo no le aplica el marco legal para la compras y contrataciones del Estado y permite hacer transferencias entre instituciones, sin la autorización de la Asamblea Legislativa. En 2022 el presupuesto para el Fopromid fue $4.0 millones, pero al finalizar el año terminó ejecutando $148.6 millones. La asignación inicial en 2023 para el Fopromid era también de $4.0 millones, pero solo en enero se ejecutaron $24.0 millones.
Todos estos números lo que reflejan son imágenes en las cuales el presupuesto público no se está utilizando para mejorar las condiciones de las personas, en cambio las imágenes muestran un instrumento para el desorden, la opacidad y la improvisación y esa es una mala noticia para todo el mundo.