Hace una semana, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa dictaminó favorablemente la Ley de Agentes Extranjeros, bajo el argumento de promover mayor transparencia y reducir la corrupción. Lamentablemente el articulado del proyecto de ley no refleja eso, en cambio constituye un instrumento legal ambiguo y discrecional, que en un contexto de irrespeto del estado de derecho y debilitamiento de la institucionalidad democrática, únicamente servirá para restringir, ahogar financieramente, perseguir y criminalizar el quehacer de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que critiquen, cuestionen o contraríen el discurso oficialista. La misma estrategia que el régimen Ortega-Murillo utiliza en Nicaragua. Con una ley de esta naturaleza se eliminarían espacios de participación ciudadana, se restringiría la defensa de los derechos humanos, pero sobre todo, se afectaría a las personas que ante la ausencia de un Estado efectivo, dependen de bienes y servicios prestados por proyectos de cooperación internacional ejecutados por oenegés o sociedad civil.
El fin de semana pasado el presidente Bukele anunció la creación de Bitcoin city, una ciudad digital, autosostenible, con su propia alcaldía, con diferentes actividades económicas, incluyendo la minería de bitcóin, que incluso contará con su propio aeropuerto. En esa ciudad las rentas, ganancias de capital y propiedades estarán libres de impuestos, incluídos los municipales y el IVA será el único impuesto a pagar: un paraíso fiscal para los tenedores de bitcóin y una burla para la ciudadanía salvadoreña que día a día paga sus impuestos. En esencia el Estado salvadoreño crearía una zona económica especial, algo que que el último gobierno del FMLN intentó hacer y que muchos países alrededor del mundo han implementado, sin que exista evidencia de que efectivamente contribuyen al desarrollo de los países.
En el marco de Bitcoin city también se espera que El Salvador emita bonos de deuda soberana en bitcóines por un valor de USD 1,000.0 millones, el destino de estos recursos aún es ambiguo, algunos señalan que se utilizarían para la fundación de la ciudad, y otros para la construcción de infraestructura para minería de bitcóin. Independientemente de ello, representan una socialización de los riesgos y los costos de los proyectos del Ejecutivo.
Al respecto de los bonos bitcóin, no se debe descartar la posibilidad de que ese anuncio obedezca a la no concreción del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la necesidad de buscar financiamiento. Desde el Ejecutivo, especialmente desde el Ministerio de Hacienda, ese acuerdo se ha estado esperando como agua de mayo desde inicios de año, pero lo único que se ha recibido hasta el momento ha sido un comunicado de cierre de misión del Artículo IV.
Un comunicado con aplausos a la administración Bukele, varios de ellos cuestionables, especialmente los referidos a la transparencia: ¿desde cuándo el FMI reconoce a los gobiernos por rendir cuentas más de un año después de ejecutar recursos o considera que aunque incumplan la Ley de Acceso a la Información Pública refuerzan la transparencia fiscal? En fin, esas palmaditas en la espalda no han servido de nada, el precio de los bonos salvadoreños ha seguido cayendo, el perfil de riesgo aumentando, y al gobierno se le dificultará cada vez más acceder al financiamiento que le permita tener un respiro financiero.
A estas alturas dudo mucho que cualquier anuncio que se haga desde el gobierno se realice con base en estudios o evaluaciones técnicas, lo único que importa es tener suficiente material para la propaganda. Insisto, de verdad me encantaría vivir en el país que describen los funcionarios, porque así no me preocuparía de que en la realidad los y las salvadoreñas terminemos viviendo en una sociedad no democrática, donde todos y todas debamos asumir los costos y las consecuencias de varias fiestas a las que ni siquiera nos han invitado.