Representantes de Acción Ciudadana, Consorcio por la Transparencia, Futuro Abierto, Grupo Promotor de la LAIP y Tracoda. Foto: AC.


Un conjunto de organizaciones privadas llamaron hoy al Ministerio de Educación a revocar la convocatoria para elegir a un nuevo miembro del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y a los candidatos a que desistan de tal aspiración en un proceso que consideran viciado.

También, exhortan a las universidades para que se aparten del procedimiento de elección, para la cual el Mined ha convocado a una Asamblea General el lunes 16 de marzo a las 9:00 de la mañana.

El argumento es que la legalidad del procedimiento está siendo cuestionada.

El proceso de elección enfrenta dos demandas: una interpuesta ante la Cámara de lo Contencioso por violar la legalidad y otra interpuesta ante la misma comisión convocante, el Ministerio de Educación. La primera argumenta que la Ley de Acceso a la Información Pública no ordena una nueva elección en caso de renuncia del comisionado, sino que ordena que el suplente asuma.

La otra demanda, establecida por Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), pidió la nulidad absoluta del proceso, ya que no ha cumplido con la Ley de Procedimientos Administrativos ni con la Ley de Acceso a la Información Pública, la transgresión al principio de legalidad, falta de publicidad de los requisitos en la convocatoria y la prórroga del plazo extraordinario en el cual otro candidato se inscribió.

El Ministerio de Educación es el encargado de convocar a la elección de candidatos a comisionados por el sector de las universidades.

El IAIP está constituido por cinco comisionados –cuyos candidatos son electos por sectores y nombrados por el Presidente– y toma sus decisiones con tres votos.

Actualmente hay cinco comisionados, sin embargo, la presidenta es Silvia Cristina Pérez, quien fue electa como suplente del sector de universidades y sustituye a René Cárcamo, quien renunció en noviembre de 2019. Pérez ha sido parte de la aritmética de votación que ha resuelto ordenar al Ejecutivo que entregue información pública de distintas instituciones.