Representantes de organizaciones que participaron en la reunión con el presidente Nayib Bukele el pasado 30 de julio. Estas rechazan participar en la consulta de la reforma constitucional. Fotografía de archivo.
Nueve organizaciones de la sociedad civil salvadoreña rechazaron hoy participar en la consulta de la propuesta de reformas constitucionales cuya discusión fue encargada por decreto por el presidente Nayib Bukele al vicepresidente Félix Ulloa.
Las organizaciones sostienen que mientras no haya condiciones democráticas existe en riesgo de que esta participación “se use solo para dar una apariencia de legitimidad a un proceso que no la tiene”.
“Por ello no participaremos. ¡Así no!”, expresan en un comunicado público.
El comunicado es firmado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso), Acción Ciudadana (AC), fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional capítulo El Salvador (IIDC), Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) capítulo Transparencia Internacional.
Algunas de estas organizaciones fueron invitadas a una presentación de la propuesta de reformas esta semana.
¿Por qué las organizaciones se niegan a participar en el proceso de consulta abierto por el equipo dirigido por Félix Ulloa?
- No hay condiciones de legitimidad democrática: sostienen que “es un proyecto impuesto desde Casa Presidencial”. Las organizaciones critican que la reforma “está sujeta a la aprobación exclusiva del presidente”.
- Exigen restablecer orden. Las organizaciones exigen “restaurarse el orden constitucional roto por el golpe de Estado del 1 de mayo” antes de reformar la Constitución.
- No hay Sala de lo Constitucional independiente. Según las organizaciones, las reformas constitucionales deberían estar sujetas a control de una Sala de lo Constitucional independiente, ya que los magistrados impuestos el 1 de mayo no dan garantías de independencia.
- Desconfianza. Las organizaciones aseguran que tras eventos como la ocupación militar de la Asamblea Legislativa del 9 de febrero (9F), el golpe de Estado del 1 de mayo y la imposición de la inconsulta Ley del Bitcoin, “es imposible confiar en quienes quieren reformar la Constitución”.
- Falta de transparencia. Según las organizaciones no hubo una verdadera participación de la sociedad.
- Rechazan modificación a periodo de alternabilidad. Las organizaciones sostienen que están intentando modificar la cláusula pétrea de alternabilidad del poder, porque la jurisprudencia constitucional estableció que el presidente debe esperar 2 periodos para su reelección. La reforma propuesta lo reduce a 1 periodo. La Sala de lo Constitucional dice que los 2 periodos garantizan la alternabilidad del poder.