Foto de Asamblea Legislativa.
Organizaciones sociales salvadoreñas reclamaron este martes a la Asamblea Legislativa por no avanzar en la aprobación de una ley de reconciliación que garantice justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en la guerra civil (1980-1992).
"Esta Asamblea Legislativa está en franco desacato de una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó la creación de una ley de reconciliación tomando en cuenta a las víctimas y eso no se ha hecho", dijo la activista Ima Guirola a la AFP tras un foro sobre esa ley.
Guirola, de la asociación de derechos humanos CEMUJER, dijo en el foro que las víctimas se han sentido "burladas" por la falta de aprobación de la ley de reconciliación.
"No vemos la voluntad por dar la oportunidad de obtener justicia a las víctimas", sostuvo.
Representantes de varias organizaciones sociales fueron invitados al foro organizado por el Congreso para exponer sus opiniones sobre la ley de reconciliación, que debe estar aprobada a más tardar el 28 de febrero.
No obstante, José Lazo, de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante el conflicto (Pro-Búsqueda), denunció que el Congreso "no ha querido escuchar" ni a las víctimas ni a las organizaciones sociales.
"La Asamblea Legislativa tiene un problema de credibilidad y un problema de escucha, la Asamblea no ha escuchado a las víctimas", dijo Lazo en tono firme ante la comisión de diputados.
El exprocurador de Derechos Humanos David Morales, que también acudió al foro con los parlamentarios, censuró el hecho de que el Congreso "prepara un borrador de ley sin escrutinio público".
"Están simulando jornadas de consulta de la ley, pero lo que se pretende aprobar es una ley que abre la puerta a una amnistía disfrazada", advirtió Morales.
En 2016, la Sala Constitucional de la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley de amnistía de 1993, que impedía investigar y juzgar a responsables de crímenes cometidos durante el conflicto interno.
En su lugar, el tribunal ordenó al Congreso elaborar una ley de reconciliación que diera justicia y reparación a las víctimas de abusos durante el conflicto interno.