Crédito: La Prensa Nicaragua
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega destituyó el viernes de su cargo a la ministra de Salud, Sonia Castro, quien fue sancionada por Estados Unidos y Canadá por presuntas violaciones a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales, al negar atención médica a opositores heridos.
La destitución de Castro, por acuerdo presidencial, fue publicada por el diario oficial La Gaceta, en momentos en que la funcionaria estaba en una gira de trabajo por Qatar y Emiratos Árabes Unidos.
En la misma publicación Ortega decidió nombrar a Castro como "ministra asesora del presidente para temas de salud", un cargo creado bajo una reforma a la ley de organización y competencias del Estado que aprobó el parlamento a inicios de julio.
Las sanciones de Estados Unidos y Canadá marginan a estos funcionarios del sistema financiero internacional y congelan los bienes que tengan en esos países.
En sustitución en el cargo fue nombrada, Carolina Dávila, quién ocupaba la cartera de viceministra.
Castro fue sancionada por Estados Unidos y Canadá el 21 de junio pasado junto al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; el director del Instituto de Telecomunicaciones y Correos, Orlando Castillo y el ministro de Transporte, Oscar Mojica.
Estados Unidos señaló a Castro por negar la atención médica a la población durante las protestas que estallaron en abril de 2018 y que según organismos de derechos humanos dejaron 325 muertos, 2.000 heridos y 62.500 exiliados.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su informe sobre los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua, menciona a Castro, entre un grupo de al menos seis altos funcionarios involucrados en acciones de los paramilitares, policía y grupos de choque que actuaron contra los manifestantes.
Según el informe del GIEI "existe información consistente sobre múltiples situaciones de negación de atención, de formas de atención inadecuadas" y de maltrato a los heridos "que implicaron una nueva forma de violencia del Estado contra los manifestantes".
El GIEI, es una entidad creada en 2018 a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para investigar los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua en el contexto de las protestas.