Para transformar la realidad actual y cambiar las tendencias es imprescindible que los Estados centroamericanos acuerden una agenda para el desarrollo y la consolidación democrática. Se debe partir de lo que está establecido en las Constituciones Políticas, donde se reconoce que el principal objetivo de los Estados es perseguir el bienestar de sus habitantes. Adicionalmente, debemos estar conscientes que los países centroamericanos se han comprometido con cumplir la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que descansa en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) concebidos como un llamado mundial para la adopción de medidas dirigidas a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Sin embargo, el alcance de los ODS, de los cuales todos los países de la región son signatarios, implica una profunda transformación de las capacidades de los Estados centroamericanos. Ante ello, debemos discutir seriamente cuál es el rol que debe asumir el Estado en la economía. La realidad muestra que reducir tan drásticamente ese rol fue un error, por lo que es urgente replantearse el rol de lo público, no con el objeto de ensanchar el tamaño del Estado en sí mismo, sino por la urgencia de disponer de un Estado que empuje la economía y la movilidad social, pero además que proteja el medio ambiente.
También debemos dejar claro que los Estados tienen la harta obligación de garantizar los derechos de todas las personas. Por lo que es fundamental cerrar las brechas sociales mediante la universalización de la garantía de los derechos básicos –como educación, salud, seguridad, agua y saneamiento, protección y seguridad social. Asimismo, se debe dejar de confundir los derechos de las mujeres con los derechos de las familias, donde a las mujeres se les condena a la esfera del cuidado sin opciones para su incorporación al ámbito productivo.
Además, es urgente contar con Administraciones Públicas que den resultados. Por lo que los países deben contar con verdaderos sistemas de planificación y evaluación para el desarrollo, la modernización del servicio civil, el fomento de la participación social, el fortalecimiento del sistema político, la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Pero todo esto puede quedar en muy buenas intenciones si no se cuenta con los recursos adecuados para que esto pueda ser realidad. Por lo tanto, será necesario que el gasto público cumpla los principios de eficiencia, efectividad, trasparencia y suficiencia. Además, se debe tener un uso adecuado de la deuda pública para garantizar su sostenibilidad. Y también será necesaria una reforma tributaria integral que permita tanto la modernización de la legislación tributaria, como la coordinación de operaciones interregionales, de manera que se establezcan finalmente los mecanismos de integración económica que han sido discutidos desde la década de los sesenta del siglo pasado, sin alcanzar resultados definitivos. La movilización de mayores recursos implica la homologación de impuestos regionales y la armonización de políticas tributarias en la búsqueda de crear condiciones competitivas similares.
Por lo que debemos estar conscientes que hay propuestas técnicas que van encaminadas a tener otra Centroamérica. Sí, una más desarrollada, inclusiva, sostenible y sustentable. Y este 16 y 17 de mayo en San Salvador justamente el Icefi estará presentando una Agenda Fiscal Centroamericana para este cometido.