Jaco de Magaña fungió en el cargo entre 2004 y 2009, en la gestión Saca. / DEM
Por un supuesto enriquecimiento ilícito fue demandada ayer Blanca Imelda Jaco de Magaña, quien fungió como viceministra de Comercio e Industria durante el mandato presidencial de Elías Antonio Saca.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República dice que la exfuncionaria junto a su esposo, Álvaro Alfredo Magaña Granados y su hija Mónica Alexandra Martínez Jaco, deben responder por un monto de $103,225.42.
“La señora Blanco Jaco de Magaña presentó sus declaraciones y sobre esa investigación que hizo la Corte se detectaron 17 irregularidades en el concepto de depósito de fondos, adquisición de vehículos y pago de deudas”, explicó el fiscal del caso.
Al momento de presentar la demanda civil en la Cámara Ambiental con sede en Santa Tecla, departamento de La Libertad, el representante del Ministerio Público explicó que entre las 17 irregularidades detectadas en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia se encontró una cantidad de $145,450.61, pero con la documentación por Jaco de Magaña, solo pudo desvanecer $42,225.19, reduciéndose a 12 irregularidades.
En el expediente presentado ayer, la Fiscalía detalla que del monto total con el que supuestamente se enriqueció la exviceministra y su grupo familiar, quien refleja la mayor cantidad es su esposo, quien según auditoría de Probidad tuvo ingresos no justificados de $88,310.01 en un total de cinco irregularidades.
La exviceministra no justificó un monto de $11,815.41 en cuentas de ahorro y corrientes a su nombre en el sistema bancario y que se refleja en cinco irregularidades, mientras que a su hija le detectaron dos irregularidades haciendo un monto de $3,100, en cuentas de bancos y pagos de préstamos cuyo dinero no se sabe de dónde lo obtuvo.
A los parientes de la exviceministra se les incluye en el juicio civil ya que la Ley de Enriquecimiento Ilícito faculta reclamarles el reintegro de lo que supuestamente obtuvieron de forma ilegal a través de un familiar.
El siguiente paso en este proceso es que la Cámara se pronuncie en los próximos días admitiendo la demanda o haciendo prevenciones a la fiscalía.