El dinero electrónico tiene el potencial de aumentar la inclusión financiera y el crecimiento económico en El Salvador, donde aún hay retos importantes para regular este mercado, aseguran altos ejecutivos de Tigo El Salvador y Tigo Money.

Tigo Money acumula ocho años de brindar servicios financieros móviles en El Salvador, y celebró ayer su primer aniversario como Sociedad Proveedora de Dinero Electrónico autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en el país, y el único jugador de este tipo en el mercado.

A través de la SPDE Mobile Cash S.A., subsidiaria de Millicom, Tigo Money solicitó una licencia para impulsar un modelo de servicios financieros digitales en septiembre de 2015, al entrar en vigor la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera.

Tras cuatro años de haberse aprobado la ley, la autorización de operaciones de Tigo Money marcó un hito en la lucha por la inclusión financiera; sin embargo, el uso del dinero electrónico aún necesita competidores y usuarios para extenderse, aseguró Daniel Barrientos, director ejecutivo de Tigo Money.

El dinero electrónico, indicó, “es el primer paso para incluir a los salvadoreños en el sistema financiero formal, que excluye a ocho de cada 10 salvadoreños”, según la última Encuesta de Acceso a Servicios Financieros del Banco Central de Reserva (BCR).

Con Tigo Money, más de 2,100 agentes a nivel nacional llevan la inclusión financiera a 234 municipios, cubriendo el 90 % de territorios. Desde que opera en 2011, la plataforma ha realizado más de 97 millones de transacciones.

 

Los retos

Uno de los principales retos, según el ejecutivo, son mejorar la interoperabilidad con la banca tradicional. “Nosotros siempre hemos sido claros en decir que no queremos ser su competencia, sino trabajar juntos para llevar servicios financieros y crear un ecosistema digital que permita la inclusión”, detalló.

Asimismo, René Molina, presidente de Movikal -distribuidor autorizado de Tigo Money en San Salvador, La Libertad y Cuscatlán-, destacó que es necesario permitir la apertura del mercado de dinero electrónico para incentivar la competencia.

Otros retos, de acuerdo con Barrientos, son actualizar el marco regulatorio para permitir el pago de servicios del Estado o la recaudación de impuestos con estos servicios.