La directora de Programas de Cristosal, Celia Medrano, informó ayer que El Salvador es el país que más casos de desplazamientos forzados registra en el Triángulo Norte.

Durante la presentación del Informe denominado “Señales de una Crisis, Desplazamiento Forzado Interno por Violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras 2018”, Medrano explicó que el territorio salvadoreño reportó más casos el año pasado, debido a la capacidad de registro de las instituciones no gubernamentales que se encargan de brindar atenciones sociales y psicológicas a las personas que se encuentran en condición de desplazamiento.

“El Salvador es el que registra el mayor número de casos en este informe anual, pero es a partir de la capacidad de registro, no quiere decir que Honduras y Guatemala tengan un nivel mayor o menor de desplazamiento forzado por violencia, es la capacidad de las organizaciones (…) para llevar el monitoreo”, aseveró Medrano.

De un total de 1,946 personas que afirmaron ser víctimas del desplazamiento forzado, solo en El Salvador hubo 1,724 casos y Honduras reportó el resto.

Según datos recolectados por Cristosal, Plan Internacional y Educo en la zona rural y urbana las principales causas del desplazamiento forzado fueron las amenazas (un 67.2 % lo denunció así), la pérdida de un familiar por un homicidios (denunciado un 29.8 %) y en tercer lugar el temor a la violencia (denunciado un 22.5 %).

De acuerdo al informe, los departamentos con más condición de desplazamiento fueron San Salvador, La Libertad, Usulután y La Paz.

El estudio indica que entre las edades de 18 a 50 años, al menos 476 personas dijeron vivir en desplazamiento, le siguen 279 denuncias de menores de cinco a 17 años y registraron 129 casos de personas mayores de 50 años, el resto de denuncias no fue definida la edad.

Asimismo, el documento señala que 814 salvadoreños viven en confinamiento por temor de ser víctimas de hechos delictivos y un 67 % de personas en condición de desplazamiento aseguraron que no denunciaron ser víctimas de un hecho delictivo ante ninguna autoridad de Seguridad y Justicia, porque no confían en los referidos entes.

Ayer, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo que reconocerán el fenómeno desplazamiento forzado y buscarán se legisle en favor de las víctimas. Advirtió que el problema no será resuelto de la noche a la mañana.

 

Cinco mujeres policías sufrieron desplazamiento forzado

Cinco mujeres policías fueron atendidas en 2018 como víctimas de desplazamiento forzado por violencia, indicó ayer Celia Medrano, directora de Programas de Cristosal. Las mujeres eran agentes pero al denunciar, no fueron apoyadas por la corporación policial. “Ha sido doloroso tener a mujeres policías que se han sentido frustradas al darse cuenta que su deber de proteger a la población no han podido ejércerlo ni siquiera para protegerse a ellas mismas y ni siquiera para proteger su núcleo familiar completo”, dijo Medrano.