Se espera que la actividad económica se reactive la segunda quincena de mayo, de momento el Gobierno y el Ejecutivo discuten los protocolos para operar. / DEM


La crisis económica asociada a la pandemia del COVID-19 impacta a 1.3 millones de empleos en El Salvador, la cifra equivale al 46.6 % del total del total de los trabajadores en el país.

Los datos se desprenden de una evaluación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que refleja que los sectores con más alta exposición son los de manufactura, comercio (mayorista y al detalle), hoteles y restaurantes.

La región de Centroamérica y República Dominicana resiente los efectos del apagón de la economía, una medida que prácticamente ha paralizado la actividad económica y genera riesgos sociales como un deterioro de de los índices de desarrollo humano.

El Salvador inició con su cuarentena domiciliar obligatoria el 21 de marzo y se prevé que se mantenga así hasta el 21 de mayo, a dos meses del inicio, cuando se espera se tengan anuncios concretos de una apertura paulatina de la economía y aplicando medidas sanitarias para evitar contagios.

La crisis no es aislada. De acuerdo con la OIT, en total, 8.3 millones de empleos son afectados por la crisis en Centroamérica y República Dominicana -excluyendo a Nicaragua-. La cifra representa un 36.7 % de la ocupación total de la región.

 

Empleos en riesgo

La organización estima que el 81 % de la fuerza de trabajo en el mundo es afectada por las acciones derivadas por el COVID-19, es decir, a ocho de cada 10 trabajadores.

Mientras que en los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), se estima que en el segundo trimestre de 2020 se tenga una pérdida promedio de horas de trabajo del 10.5 %, que es equivalente a una pérdida de más de ocho millones de empleos a tiempo completo.

Randall Arias, representante de la OIT para Centroamérica, México, Panamá, República Dominicana y Haití, explicó que el organismo hace dos recomendaciones al sector privado para enfrentar de mejor manera el shock generado por la pandemia. La primera es extender los pisos mínimos de protección social, para prevenir y aliviar la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.

Y, en segndo lugar, tomar medidas para generar empleo y trabajo decente para la prevención, la recuperación, la paz y la resiliencia en situaciones de crisis.

De acuerdo con una proyección elaborada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), el Producto Interno Bruto (PIB) de la región cerrará 2020 en -6.9 %.

El análisis destaca también un desplome de indicadores claves como el crédito. Las últimas previsiones estiman una reducción para 2020 de 4.4 % para Centroamérica respecto a lo previsto en el escenario base para el mismo año. La potencial contracción dependerá del grado de flexibilización en las condiciones de crédito con los sectores económicos más vulnerables ante la crisis sanitaria.

Las empresas más afectadas en esta coyuntura serían pequeñas y medianas empresas. Según la OIT, las pymes y sus empleados constituyen una parte esencial del tejido económico y social de la vida cotidiana en todo el mundo. Y hoy en día, este papel crucial está amenazado por las consecuencias sin precedentes del COVID-19”.

La instancia sostiene que es a partir de este peso que se deben mapear correctamente el impacto que tendrá este sector y de su afectación en la economía general.



Planes de reactivación

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, la entidad pone a disposición de la región una herramienta de planificación para hacer negocios resilientes frente al COVID-19.

En primer momento se destaca la importancia la comunicación efectiva con empleados y clientes, el establecimiento de políticas de distanciamiento y desinfección de lugares de trabajo, la protección de la salud de los empleados, la planificación de las operaciones considerando la ausencia de los empleados, la preparación de su cadena de suministro, la planificación de la modificación del servicio a los clientes, las solicitudes de asistencia frente a las crisis y la importancia de colocar a prueba el plan del COVID19.