Es preocupante la sospecha vertida en medios internacionales sobre el surgimiento del virus COVID-19, presumiéndose intencionalidad en su origen y señalando a Estados Unidos como presunto responsable. De ser cierto, esto colocaría a esta grave amenaza en el contexto de una nueva y compleja guerra con arsenales biológicos y bacteriológicos, poniendo en riesgo la paz mundial, con enormes costos humanos, devastadores efectos en la economía global e incalculables efectos psicológicos y sociales.
Es inmenso el dolor que puede causar el impacto del virus en nuestra sociedad, desde pérdida de vidas, hasta devastadores efectos del terror psicológico causado por la rumorología y manejo oficial inapropiado de información. Estos efectos serán mayores en segmentos vulnerables como: adultos de más de 60 años, personas con dolencias preexistentes y embarazadas. Además es previsible el retroceso y empobrecimiento de las familias que se verán afectadas por el impacto económico del alto costo de la vida, pérdida de empleos, caída de salarios y moras bancarias por retraso en el pago de obligaciones.
Nuestro país presenta mayores vulnerabilidades para enfrentar esta crisis debido al retroceso y debilitamiento de la prevención en materia de salud pública, por el abandono de políticas territoriales, y por el severo recorte presupuestario al área social; asimismo del abandono de la ruta de integración del sector salud, que continua disperso en islas: Minsal, Fosalud, ISSS, Bienestar Magisterial, hospitales y red de farmacias de FAES. Esta distorsión multiplica los costos administrativos, vuelve ineficiente al personal, infraestructura, equipos, insumos y medicamentos, produciendo al final muy mal servicio.
El manejo presidencial de la crisis vulneró y sobrepasó las atribuciones técnicas del Director de Protección Civil, así como las competencias de la Comisión Nacional. Estas instancias son las deben sustentar técnicamente la valoración sobre los potenciales efectos de la amenaza del coronavirus y por ende, establecer la magnitud del auxilio que debe proporcionar el Estado, y el tipo de instrumentos jurídicos necesarios para respaldar y facilitar el auxilio gubernamental, como la solicitud al legislativo de un decreto de Emergencia Nacional. Imponer un Régimen de Excepción es desproporcional a la situación, sobre todo por los antecedentes del fallido golpe del 9F y los lamentables vicios autoritarios y antidemocráticos del presidente.
Ante la falta de un sistema comunitario preventivo de salud pública, la salida improvisada del presidente Bukele ha sido imponer una cuarentena semejante a “campos de concentración”, sin disponer de kits clínicos de prueba para verificar presuntos contagios; además, sin contar con la logística, infraestructura y organización suficientes que ha llevado a un peligroso hacinamiento, sin separar los tiempos de cumplimiento de la cuarentena de cada individuo, mezclando personas llegadas de diferentes países con distintas fechas de ingreso, convirtiéndose en una peligrosa y potente bomba de tiempo. La crisis demanda un plan integral que combine acciones interinstitucionales de contención para postergar la llegada del virus, acciones de prevención -entre estas resolver la cobertura, calidad y constancia del servicio de agua potable- y de capacidades de atención médica para responder a los contagios que surjan.
El énfasis gubernamental ha sido manipular el temor de la población, para que la agente acepte cualquier medida por absurda que parezca; además de continuar con los reiterados odios y ataques a la oposición. El énfasis debiera estar en adoptar medidas que potencien la unidad nacional para enfrentar esta crisis.
Es necesario un plan de medidas económicas como lo hizo Costa Rica que estableció: moratoria del pago del IVA por dos meses, moratoria de aranceles a la importación de bienes de primera necesidad e insumos para la industria farmacéutica; subsidio a los pequeños y medianos productores agropecuarios para sostener la producción de alimentos; moratoria en el pago de hipotecas y moratoria en el pago de tarjetas de crédito por dos meses, con tasa cero como lo ha hecho la banca en Guatemala. De lo contrario la economía será un moribundo paciente que terminará arrastrando a las familias.