Como es sabido y ampliamente comprobado, las malas conductas del jefe tienden a ser imitadas y justificadas por sus subordinados y lo estamos viviendo hoy, pues ya no solo el presidente, sino son los ministros y altos funcionarios los que abierta y públicamente lo practican: ministro que se niegan a presentarse ante las Comisiones de la Asamblea Legislativa y recurren a explicaciones tan pueriles como el ministro que se negó “porque andaba repartiendo bolsas de alimentos” y el otro “porque ya había explicado más de mil veces a los diputados el punto” o simplemente alegando “que están muy ocupados”.
Esta falencia no es nueva, nuestra historia moderna está llena de violaciones a la Constitución y a las leyes por parte de los gobernantes, por decisiones de los poderosos que transgreden las normas, sin embargo, el contexto en que se da ha variado y por ello hoy lo percibimos más claramente y se hacen más patentes al público estos delitos. El ejercicio arbitrario de las décadas de militarismo en el gobierno, en no pocos casos llegó a ser tolerado como el “sentido común” de la gobernanza, pero también condujo a la profunda crisis de este sistema de gobierno que terminó en una guerra civil.
La etapa de la postguerra con las reformas de los Acuerdos de Paz significa un incipiente desarrollo de gobernanza democrática, más apegada al imperio de la ley, con nuevos instrumentos públicos y mejoras a otros; este cambio ha hecho posible que el autoritarismo, la corrupción pública y el rechazo al imperio de la ley que habían estado vigentes en las décadas del militarismo dejaran de ser el estatus quo y empezaran a ser desenmascaradas: fiscales y jueces acusando y juzgando a presidentes y altos funcionarios por abusos de poder y corrupción, nuevas instituciones estatales denunciando las violaciones a los derechos humanos, violaciones a la libre competencia por grandes o medianas empresas castigadas con millonarias multas, o maniobras monopólicas detenidas; así mismo hemos visto el inicio de algo que antes era impensable, como el enjuiciamiento de los responsables de masacres y, lo que comúnmente afirmábamos “que los de arriba en el gobierno siempre roban”, hoy, gracias a medios de comunicación que los denuncian y el Estado que los persigue, la corrupción tiene caras con nombre y apellido y las cantidades de sus robos al erario público. No hay duda que aún falta mucho por avanzar en el camino de imperio de la ley.
Lo grave de la situación actual del gobierno, es que no solo que no avanzamos, sino que estamos retrocediendo aceleradamente: el gobierno del Presidente Bukele descansa cada vez más y más en el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil, generando una militarización creciente de la seguridad nacional, la PNC ha caído en manos de exmilitares y expolicías del régimen militar; el control de los militares del poder que tuvieron durante más de medio siglo, hoy se está convirtiendo en control directo de la población que es el primer paso para llegar al segundo; los funcionarios del ejecutivo hacen valer su voluntad por encima de las leyes y cada vez más se descubre casos de corrupción en el gobierno por parte de funcionarios o sus amigos y envueltas en el más oscuro manejo de nuestros impuestos; por 30 años, los gobernantes acataron las sentencias del tribunal Constitucional y cuando el expresidente Funes intentó no hacerlo, la sociedad civil se fue a la calle y lo obligó a obedecer; hoy vivimos es una sistemática rebeldía del Presidente y su gobierno frente a la Sala de lo Constitucional y en un enfrentamiento sin sentido con el Órgano Legislativo cuyo resultado es que en medio de una pandemia nos tiene sin ley.
Lo anterior nos indica que hemos entrado a un proceso en el que el gobierno actual se caracteriza por “volver la página de la postguerra” que prometió en su discurso de aceptación, pero que lo está haciendo tratando de volvernos al pasado de antes de la guerra civil. Su afán de lograr el control del legislativo en febrero y lograr así un Ejecutivo autoritario controlando los tres Órganos Fundamentales del Estado, es volver al periodo en el que la Constitución era proclamada, pero las acciones de los gobiernos militares la pisoteaban constantemente.