La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) exigió al Gobierno, nombrar a las instituciones y delegados que darán seguimiento a los programas de reparación para víctimas del conflicto armado y de la masacre de El Mozote, creados en 2013 y “detenidos”, en junio de este año.

El titular de la PDDH, José Apolonio Tobar Serrano, aseguró que la nueva administración del Ejecutivo “ha detenido el programa de Reparación de las Víctimas de El Mozote y lugares aledaños”, junto a otras medidas de reparación, en el marco de la conmemoración de los 38 de la masacre de El Mozote, una de las operaciones militares con mayor saldo fatal en la guerra civil.

“No sabemos quién es la persona responsable en la nueva administración del Ejecutivo; sin embargo, como institución ya hemos solicitado el nombre de la persona que va a estar al frente y la continuidad que le dará a los programas que había. Esperamos que no desaparezcan”, afirmó.

El Consejo de Ministros eliminó la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (Seteplan), a cargo de este proyecto, y la Secretaría de Inclusión Social (SIS), que velaba por la reparación de las más de 4,700 víctimas de la guerra registradas por la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc).

Las víctimas de violaciones de derechos humanos, personas torturadas durante la guerra, víctimas de violencia sexual y sobrevivientes de masacres, se encuentran protegidas aún por el Decreto Presidencial 204, que establece el derecho a la salud, educación, participación económica y reparación moral de las víctimas.

Becas, atención sanitaria, programas de seguridad alimentaria y una indemnización económica, eran supervisadas por la Secretaría de Inclusión, ahora eliminada.

De acuerdo con Tobar, el Ejecutivo asignó al Ministerio de Gobernación como nuevo encargado. “Pero esto no está en el decreto”, y “no hay respuesta de las autoridades” en cuanto a la entidad responsable. El decreto, en cambio, establece la creación de Consejo Directivo para las medidas de reparación, integrado por un representante de la Presidencia de la República, proveniente de la SIS; un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores; un representante del Ministerio de Economía, proveniente de la Digestyc; y dos delegados de organizaciones civiles representes de las víctimas.