La comisionada presidencial de Operaciones del Gabinete, Carolina Recinos, aseguró ayer que el Gobierno no ha pagado la alimentación de reclusos desde julio de 2019, a raíz del desfinanciamiento en la Dirección General de Centros Penales.
La dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública habría firmado un contrato durante la administración anterior, para la comida de los privados de libertad de enero a junio y julio a diciembre de este 2019. El Gobierno entrante “se encuentra a los centros penales desfinanciados” para honrar esta deuda, aseguró la funcionaria.
La explicación se dio en el marco de la petición del Ministerio de Hacienda para transferir $21.1 millones del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) hacia la Policía Nacional Civil (PCN) y Centros Penales: $7 millones para eficacia policial, y $14.1 millones para la alimentación de reos.
La comisionada niega que los fondos provengan de fondos de pensiones.
La solicitud firmada por el secretario jurídico de la Presidencia y el ministro de Hacienda pide transferir $21,133,800 de la unidad presupuestaria 17 Financiamiento al Sistema de Pensiones y FOP.
“Allí hay que pagar comida. Hay un contrato que viene desde el año pasado, no es que se van a gastar $14 millones en un mes, ¿quién dice eso?”, agregó también la comisionada presidencial.