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Los periodistas nicaragüenses Carlos Fernando Chamorro y Miguel Mora anunciaron este viernes que demandarán al gobierno de Daniel Ortega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en busca de una indemnización por el cierre de sus empresas de comunicación.

"Estaremos demandando por daños y perjuicios (...) para que en un futuro ninguna empresa privada o medio de comunicación vuelva a sufrir este tipo de amenazas", dijo Mora en conferencia de prensa junto con Chamorro en la Cámara de Comercio Nicaragüense-Americana (Amcham) de Managua.

La sede fue rodeada por agentes antimotines durante la conferencia de los periodistas.

Mora busca una indemnización por los más de $5 millones que dice que perdió por el cierre de su noticiero 100% Noticias, mientras que Chamorro calcula sus pérdidas en cientos de miles de dólares.

Chamorro, uno de los periodistas más críticos del gobierno de Ortega, dijo no tener prisa por presentar la demanda ante la corte, porque "lo primero es recuperar la libertad y el acceso a las libertades públicas (...) La indemnización vendrá después".

Las oficinas del diario digital Confidencial y la revista televisiva Esta Semana, propiedad de Chamorro, fueron ocupadas por la policía el 13 de diciembre de 2018, en medio de la ola de protestas que vivió Nicaragua el año pasado contra el gobierno de Ortega.

Una semana después, las autoridades cerraron el canal de televisión 100% Noticias, de Mora, que hizo una cobertura minuciosa de las protestas.

Mora y la jefa de información de la televisora, Lucia Pineda, fueron arrestados y acusados de promover "actos terroristas" por informar sobre las protestas. Ambos fueron liberados en junio bajo una polémica ley de amnistía.

Chamorro se exilió en Costa Rica en enero pasado por su seguridad y la de su familia, según dijo, y regresó a Nicaragua en noviembre.

El gobierno de Ortega ha negado hasta ahora el reclamo de ambos periodistas de que les devuelvan sus empresas.

Chamorro consideró que la intención del gobierno de censurar a los medios fracasó. "Nunca nos callaron", dijo, ya que continúan operando a través de plataformas digitales.

Las protestas contra una reforma a la seguridad social estallaron en abril de 2018 y luego se convirtieron en una demanda para la renuncia de Ortega, con 12 años en el poder.