Terminó la magia de la navidad, atrás quedaron las alegres festividades y suculentos platillos de fin de año. De la bulliciosa algarabía y estruendosa alborada quedan recuerdos, anécdotas y muchas cuentas por pagar. Los estantes de mercados y supermercados, antes abarrotados de adornos, juguetes, bebidas y comidas alusivas, ya pasaron la página. El despertar del complicado tráfico vehicular nos estremece, colocándonos en la realidad del renacer del 2020.

El año inicia con mucha incertidumbre para el futuro del país ante la incapacidad de un gobierno que siete meses después aún no presenta el plan de gobierno que esclarezca el rumbo de su administración, incumpliendo con el artículo 167 de la Constitución. Además, se evidencia un gabinete incoherente, empeñado en la promoción de una campaña electoral adelantada y emasculado por la supina arrogancia presidencialista.

Las primeras acciones del gobierno del presidente Bukele están orientadas -por revanchismo político- al desmontaje de avances alcanzados en política social: ha cerrado o disminuido significativos recursos a los 14 programas incluidos en la Ley de Desarrollo y Protección Social, orientados a sectores vulnerables, como el laureado programa “Ciudad Mujer”, el programa “Jóvenes con Todo” y el de alfabetización, afectando a sectores humildes desprotegidos y sin acceso a la educación formal.

La reforma de salud fue desnaturalizada con el cierre de ECOS (Unidades Comunitarias de Salud) en municipios de alta demanda de servicios médicos, disminuyendo $33 millones en el presupuesto 2020 para la atención preventiva de salud. Esta decisión ya tiene repercusiones manifiestas en el repunte de casos de dengue, zika y chikunguña. A estos desaciertos suma la falta de interés y voluntad política gubernamental por reiniciar el programa “Misión Milagro” para atender miles de casos de dolencias visuales.

Son lamentables las decisiones del presidente Bukele que afectarán severamente la economía popular como la disminución de nueve millones para el subsidio al gas propano de uso doméstico; el encarecimiento del recibo de energía eléctrica y agua potable; sí como los vetos a la obligación de compras del gobierno hasta por el 80 % a favor de micro y pequeñas empresas y al decreto legislativo que permitiría un retiro digno para docentes en edad de jubilación.

Es imposible además no referirse a la ola de miles de despidos en la administración pública, transgrediendo leyes laborales y afectando a miles de familias que sufren de la arbitrariedad y de una repugnante desacreditación digital, como si cada despedido hubiese cometido un delito para ser merecedor de tal medida.

Las proyecciones de crecimiento económico establecidas por el BCR y validadas por organismos financieros internacionales, con datos reconocidos por distintos tanques de pensamiento, dan un reducido rango a las perspectivas de crecimiento de la economía nacional, oscilando entre el 2.3 % y 2.5 %; este panorama es muy pálido para las expectativas de aumento del empleo formal. Si a esto sumamos las severas dificultades que enfrentan nuestros migrantes en sus desesperados intentos de ingreso a Estados Unidos -principal destino- y el incremento de las deportaciones es evidente que el panorama económico es poco alentador.

Una de las mayores carencias que amenazan la credibilidad del gobierno del presidente Bukele es la falta de transparencia, que no solo se refleja en la ausencia del plan y rumbo de su gobierno, sino en la ausencia de información sobre los costos e implicaciones de los viajes al exterior de sus funcionarios; la falta de conocimiento público de los compromisos migratorios que ha suscrito con el gobierno de EE.UU., la escasa información sobre los exorbitantes gastos en publicidad gubernamental, la opacidad sobre los planes de seguridad pública y los datos debidamente contrastados sobre los efectos de la criminalidad y, como si fuera poco, sus contrataciones vinculadas a lazos de consanguinidad e intereses corporativos.

Más allá de la reconocida habilidad pirotécnica de montar alboradas mediáticas capaces de ocultar cualquier astro y de generar ambientes, es ineludible la necesidad de que el gobierno devele su plan y muestre su ruta para resolver: la necesidad de mecanismos de diálogo y concertación política que desmonten el clima de polarización; la crisis ambiental y el acceso al agua potable para los sectores más vulnerables; la debacle del descomunal problema del transporte público y el tráfico vehicular; la reforma urgente del sistema de pensiones con participación de las organizaciones laborales; el rumbo y alternativas para ampliar y profundizar la política social; la necesidad de desarrollo económico y crecimiento del empleo; y los planes y programas integrales de seguridad pública. Pero, desafortunadamente, falta mucha seriedad para todo esto.