En la solicitud, la diputada sostuvo que el registro público de agresores sexuales, responsabilidad de la Dirección de Centros Penales, no está funcionando y no provee a la población la información que necesita. Sugirió que dicho registro esté integrado solo por personas condenadas con sentencia firme y ejecutoriada por ese tipo de delitos durante el tiempo que dure su condena más cuatro años posteriores a la misma.
Señaló que la consulta debe ser en línea y en tiempo real y debe poder ser realizada por cualquier persona.
Así, propuso que el registro “podrá ser consultado por cualquier persona, a través de un acceso especial que pondrá a disposición del público la Dirección General de Centros Penales en su portal de internet”.
Agregó que el acceso deberá ser irrestricto a instituciones como la Fiscalía, Policía, tribunales, Consejo Criminológico, entre otros.