Archivo DEM.
Organizaciones civiles de Nicaragua advirtieron este jueves que dos periodistas independientes recién excarcelados enfrentan serios riesgos y pidieron la intervención de la Corte Interamericana de Derechos humanos (CIDH) para garantizar su protección.
Miguel Mora y Lucía Pineda, de la televisora independiente 100% Noticias, fueron encarcelados durante seis meses tras la clausura del medio en diciembre pasado, en una represalia por la cobertura crítica que realizó de las protestas contra el gobierno del socialista Daniel Ortega.
Tras su liberación, en junio, "podrían sus vidas e integridad física correr riesgo", dijeron las entidades preocupadas en una carta enviada a la CorteIDH, con sede en Costa Rica.
La petición para garantizar protección a los comunicadores fue formulada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y el organismo Raza e Igualdad, en una carta dirigida al secretario ejecutivo de la corte continental, Pablo Saavedra.
Las organizaciones solicitaron a la Corte que inste al Estado de Nicaragua a garantizar la seguridad para Mora y Pineda y que desista de coartar el ejercicio periodístico mediante la ocupación de instalaciones de 100% Noticias y otros medios de comunicación.
Además, destacaron que Mora y Pineda, tras ser liberados, denunciaron "la represión estatal y las condiciones que ambos enfrentaron en prisión (lo cual) los expone a nuevas represalias".
La misiva detalla una serie de amenazas efectuadas a través de redes sociales contra Mora y Pineda, quienes quedaron en libertad bajo una polémica ley de amnistía.
Pineda, quien posee nacionalidad nicaragüense y costarricense, viajó a Costa Rica poco después de salir de la cárcel.
Centenares de personas fueron detenidas por participar en las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 contra una reforma a la seguridad social, pero que luego se convirtieron en un llamado a la renuncia de Ortega.
La represión a las protestas dejó al menos 325 muertos y 62.500 exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
Pese a que la mayoría de los opositores detenidos, entre ellos los comunicadores, fueron liberados bajo una ley de amnistía, "la situación continúa siendo de extrema gravedad, urgencia y que amerita evitar daños irreparables a nuestros representados", indicaron los ONG.
Acusaron a fuerzas estatales y paraestatales de utilizar "violencia letal" contra opositores en las zonas rurales y con objetivo de desmotivar la movilización de dirigentes sociales.