“El Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte actuaron arbitrariamente violentando la Constitución. No podían haber cedido ellos un espacio público para uso de privados sin que mediara una concesión por parte de la Asamblea Legislativa”, valoró Quijano.
En el proceso de construcción del Sitramss, Gerson Martínez fungía como ministro de Obras Públicas y Nelson García, como viceministro de Transporte, instancia que dependía de dicho ministerio.
“La Fiscalía debería actuar y proceder contra estos funcionarios. No sé qué delitos les puede adjudicar, pero que hay delito, hay delito, y son $45 millones que se invirtieron en ese proyecto”, reiteró. El legislador criticó la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el Sitramss y dijo que la concesión no es una atribución de la Asamblea Legislativa.
“Lo que no comparto es que le digan a la Asamblea que dentro de un año ‘Ustedes deben concesionar’. Entonces, ¿nosotros vamos a correr a buscar quién quiere que le concedamos esa concesión? No es nuestra competencia”, señaló el diputado. En la sentencia de este lunes, la Sala determinó que la Asamblea Legislativa tiene un año “para decidir si concede, previo procedimiento licitatorio, la autorización para la explotación del bien de uso público en el que están construidas las edificaciones referidas”.
Para René Portillo Cuadra, de Arena, ésta es una inconsistencia de la sentencia. “La Asamblea no licita, será el órgano Ejecutivo el que tenga que licitar y posteriormente trasladarlo a la Asamblea”, dijo.
Aseguró que será decisión del Gobierno si lo licita o si procede a destruir infraestructura como lo dijo en el Consejo de Ministros el presidente de la República, pero él considera que no se debe destruir una infraestructura que vale millones de dólares.
El jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, cree que deben tomarse medidas integrales. “No desmantelarlo como lo ordenó el presidente de la República Nayib Bukele”, dijo. Aseguró que respetarán la decisión que tome el Órgano Ejecutivo sobre si el sistema seguirá funcionando o no. Para Carlos Ruiz, del FMLN, la Sala le da la competencia a la Asamblea y no al Ejecutivo.
El diputado Lorenzo Rivas, de Gana, dijo que habría que revisar si podría haber consecuencias. “Ha habido prácticamente un asocio y hay que analizarlo”, dijo, sin detallar más, ya que aseguró no había leído la sentencia.
La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la resolución del director general de tránsito del Viceministerio de Transporte, del 16 de abril de 2015, mediante la cual había declarado la exclusividad del carril segregado desde Soyapango hasta San Salvador por violar el artículo 120 de la Constitución, que exige que las concesiones sean aprobadas por la Asamblea.