Organizaciones de derechos humanos solicitan a la Sala de lo Constitucional realice audiencia de seguimiento a sentencia de inconstitucionalidad de Ley de Amnistía de 2016./Cortesía.


Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos presentaron este lunes un escrito a la Sala de lo Constitucional, en el que solicitan se realice audiencia de seguimiento a la sentencia de inconstitucionalidad de Ley de Amnistía, pronunciada el 13 julio de 2016.

De acuerdo con la solicitud, la Asamblea Legislativa, el Órgano Ejecutivo y la Fiscalía General de la República (FGR) deberán informar a la Sala de lo Constitucional sobre el cumplimiento o no de sus obligaciones en la aprobación de la nueva Ley de Reconciliación, derivadas de la sentencia que declaró inconstitucional la anterior Ley de Amnistía.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), el Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Marianella García Villas” (CODEFAM) y Tutela Legal “María Julia Hernández” fueron las organizaciones que presentaron la solicitud.

Dentro de la solicitud, también se pide que se consulte a los legisladores si se cumplieron los parámetros determinados por el máximo tribunal constitucional y también conocer la participación del Ejecutivo para crear normativas o programas que apoyen a la reparación y el conocimiento de la verdad sobre los hechos acontecidos en el pasado conflicto armado.

Además, las instituciones defensoras piden se consulte a la Fiscalía si ha incrementado el número de fiscales que atienden los casos de graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado; y si se les ha proporcionado capacitación para que atiendann dichos casos.

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La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 26 de febrero, una nueva Ley especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, a pesar del rechazo unánime de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. La razón: denuncian la implementación de una nueva amnistía que obstruye la investigación y ofrece beneficios penales a criminales de guerra.

Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, vetó el viernes la polémica ley de reconciliación nacional aprobada por diputados de Arena, PCN y PDC, tildando la normativa de ser una burla y una infamia, además de asquerosa.

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