La Sala de lo Constitucional de la CSJ ha dado seguimiento al cumplimiento de la sentencia emitida en julio de 2016 que declaró inconstitucional la Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz y que ordenó legislar. La Sala dio hasta el 13 de noviembre luego de una prórroga.
WOLA indicó que a medida la Asamblea Legislativa considera los próximos pasos para el proyecto de Ley de Reconciliación, es fundamental que “revise cuidadosamente el último proyecto de ley”, consulte con las víctimas y estudie “detenidamente” los estándares internacionales, antes de aprobar cualquier ley.
Señalan de proteger a victimarios
El “Proyecto Vidas” aseguró ayer que los diputados saben qué hacer pero no saben cómo. Esta organización los señala de querer proteger a los victimarios, a sus cómplices, sus encubridores y financistas.
Miembros de dicho proyecto señalaron, en un comunicado de prensa, que la próxima vez no pedirán prórroga, sino que denunciarán a los responsables de no cumplir la sentencia ante la Fiscalía General de la República.
Por su parte, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) dijo que los legisladores mostraron poca seriedad y poca voluntad política al devolver la responsabilidad a la Sala de lo Constitucional para que apruebe una nueva prórroga.
“Están devolviendo la responsabilidad a la Sala de lo Constitucional para que sea ésta la que apruebe una nueva prórroga. La Sala, al no existir la aprobación de la ley, no tendrá otra opción que aprobar una nueva prórroga”, prevé Saúl Baños, director ejecutivo de la Fespad. “Las organizaciones seguiremos estando pendientes para que la Asamblea apruebe una ley que no sea de impunidad”, añadió.
