Algunas diferencias en las jubilaciones responden a tasas de reemplazo diferenciadas. / DEM
El sistema previsional en El Salvador es indudablemente desigual. Casi la mitad de lo que pagan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a los jubilados del sistema se destina a un grupo élite compuesto del 18 % de los jubilados, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
La comisión ad hoc que estudia reformas integrales al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) recibió a representantes del Banco Central.En la reunión, la jefa del departamento de Estabilidad del Sistema Financiero de la institución, Melany Mendoza, recalcó a los diputados que “el sistema de pensiones es inequitativo” y que “hay un trato diferente” para los diversos grupos de jubilados en este momento.
Los llamados “optados” reciben más recursos de las AFP y el Estado; mientras que los obligados, especialmente las mujeres, tienen las pensiones más bajas, señaló.
Hasta noviembre de 2019, la Superintendencia del Sistema Financiero reportó 54,853 jubilados en el sistema privado. Según el Banco Central, un 46 % de todo lo que pagan las AFP en pensiones se destina al 18 % de estos jubilados; es decir, un grupo selecto de unas 9,800 personas que se pensionan con casi la totalidad de su salario.
¿Por qué reciben una pensión mayor? Un representante del Comité de Riesgo de las AFP, encargado de vigilar la rentabilidad de los fondos, asegura que esta desigualdad responde a las tasas de reemplazo diferenciadas dentro del sistema que se crearon por las sucesivas reformas de la Asamblea Legislativa, que han dado “privilegios a ciertos grupos”.
Las diferencias
El SAP tiene diferentes poblaciones. Una de ellas está formada por los llamados ‘optados’, aquellos a quienes la reforma de 1998 les dio la alternativa de quedarse en el Sistema Público (el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS, o el INPEP), pero decidieron migrar a una AFP.
Cuando comenzaron a ver que sus pensiones eran más bajas que las del sistema público, presionaron hasta que, en 2003, la Asamblea creó mecanismos para igualar los beneficios que habrían recibido en el sistema público, obligando al ISSS y al INPEP a entregar un Certificado de Traspaso Complementario (CTC) que presionó las finanzas del Estado. A este grupo se le conoce como optados A.
Luego están los optados B: los beneficiados del decreto legislativo 100, que entró en vigor en 2006. Esta disposición eliminó la obligación de emitir CTC y, cuando estas personas agotaran sus ahorros en las AFP, el ISSS o el INPEP les otorgaba una pensión equiparada a la que pagaba a sus jubilados.
El último grupo, los obligados del sistema de pensiones, es el más afectado: según el Comité de Riesgo, muchos se jubilan con solo un 20 % de su salario. ¿La razón? Hay una baja rentabilidad en los fondos de pensiones. El pago de pensiones equivalentes a las del sistema público presionó a las AFP a invertir en fondos del Estado, cuya tasa de interés bajó por la dolarización y la crisis internacional.
