La policía hondureña allanó este jueves las instalaciones de radio Globo para detener al periodista David Romero, sentenciado a diez años de cárcel por difamación, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a su favor.

Decenas de agentes de una unidad élite de la policía ingresaron rompiendo puertas de la radio, donde capturaron a Romero, director de la emisora y crítico del presidente Juan Orlando Hernández.

Romero acusó al presidente de aprovecharse de una acusación interpuesta por una exfiscal para encarcelarlo, en represalia por sus denuncias de corrupción en el gobierno.

Un oficial condujo al comunicador en medio de un nudo de periodistas y simpatizantes, y fue subido a una patrulla policial con destino a un centro de detención.

Romero fue querellado por la exfiscal Sonia Gálvez, quien asegura que el periodista la difamó como represalia luego que en 2003, como fiscal, lo condenara a cinco años de cárcel por la violación de su propia hija.

Un tribunal sentenció al periodista en 2015 a diez años de cárcel por seis delitos de "difamación constitutiva de calumnias".

Según Romero, el mandatario habría obligado a los jueces a condenarlo, y presentó como evidencia el testimonio de un abogado que aseguró haber recibido órdenes del gobernante en ese sentido.

El gobierno rechazó el martes las acusaciones en un comunicado y argumentó que la sentencia es un asunto particular de Gálvez.

El periodista denunció por narcotráfico al hermano del gobernante Antonio Hernández, actualmente preso en Estados Unidos, y reveló actos de corrupción del gobierno, como un caso de saqueo de 330 millones de dólares del seguro social.

El director de Globo se declaró "en clandestinidad" el 14 de marzo, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso para anular la sentencia de 2015 por difamación.

Sin embargo, el lunes reapareció en la radio y la policía rodeó el edificio, al tiempo que la CIDH dictó medidas cautelares para que se suspendiera la orden de captura.

Según la CIDH, los delitos contra el honor deben ser castigadas con una indemnización, no con cárcel.

"Es una sentencia desproporcionada, como si fuera un asesino", dijo a la AFP el periodista.