Miguel Arévalo, Presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), expresa en su cuenta de Twitter: “Indignante. En otro país ya tuviéramos a varios expresidentes y exmagistrados de la CCR tras las rejas”.
Jim Wesberry, director del Proyecto de Responsabilidad Anticorrupción en las Américas, dijo: “Ninguna institución superior de auditoría podría operar con credibilidad si se subordina a un partido político. La CCR es una buena institución, pero para el siglo XVI”. No conozco a nadie en El Salvador, que haya podido desmentir a Jim Wesberry.
El Seminario “Análisis Coyuntural” (Año 6, Edición No. 47) plasma: “La CCR no ha podido dar el salto hacia su conversión en una institución democrática. Continúa inserta - por muchos motivos - en esquemas institucionales autoritarios propios en los que fue creada”.
Roberto Rubio de FUNDE sostenía, allá por diciembre del 2001, “es imperiosa la necesidad de enderezar de una vez por todas a la CCR”. Yo agregaría, institucionalmente solo se endereza algo que esta torcido por mezquinos intereses partidarios. No en vano los medios de la época destacaron cómo esta entidad “exilió” a los auditores que examinaban los sonados casos de la FEDEFUTBOL y del Banco de Fomento Agropecuario. Hoy en día la moda es “la caducidad”.
Siete meses antes, el periodista Alfredo Hernández (LPG) dejó consignado: “Es un secreto a voces que la CCR, en lugar de contar los malos manejos de fondos, más parece que descuenta las cifras negativas o trata de ocultar los hallazgos que encuentran sus auditores”.
Lo más cínico lo dijeron un año después dos pecenistas, José Almendáriz: “La CCR debe manejarla personas idóneas. Él es ingeniero”, refiriéndose a José Rutilio Aguilera Carreras, quien no era santo de su devoción. El otro, el impoluto Hernán Contreras: “La política se cuela hasta por las rendijas de las puertas. La información (informes de auditoría) es solo para personas de buen corazón, que no traten de perjudicar a sus enemigos políticos”. (EDH, 14-DIC-2002). Con sobrada razón, seis años antes la revista “Enfoques” (LPG, 30-06-2006) hablaba de la CCR como “el alquimista que trastoca lo público”.
El estudio “Las instituciones democráticas en El Salvador” (FUSADES/2005) dedicó el capítulo 7 a la CCR: “En El Salvador se advierte la falta de independencia de la CCR, su politización y su excesiva discrecionalidad para intervenir en determinados casos”.
La semana anterior, el abogado Guillermo Langenegger en su cuenta de Twitter dijo: “La CCR sigue siendo la tapadera de corrupción y varios, ex y actuales magistrados, deberían ser investigados y procesados por ser cómplices de organizaciones criminales y lavado de dinero por encubrir la corrupción”.
Anteriormente, los políticos se quejaban del excesivo presidencialismo en la CCR. Vino la ilustrísima Asamblea Legislativa y decidió crear una dirección colegiada. Hoy, los tres magistrados que la presiden tienen su ombligo en la CCR. ¿Qué ha cambiado? ¿Tenemos una mejor CCR? ¿Se percibe unidad en su personal? De ninguna manera. Hoy es una merienda de negros, una caldera del diablo. Basta con leer los comunicados de los sindicatos para darse cuenta de la vergonzosa división existente en la misma, reflejo de la pugna intestina pre- electoral de los empleados que, circunstancialmente, funcionan – por ahora – como magistrados.
Mientras El Salvador ha retrocedido ocho posiciones en el “Índice de Percepción de Corrupción 2019”, el ente responsable de que esto no ocurra se mantiene como en 1982, año en que el PCN, ARENA y PDC la coparon hasta llegar al inaudito caso de llevar a Goyo, “cazador de puestos públicos”, como el abogado nefasto que más daño le ocasionó a la CCR como “limpiador de auditorías”, con conocimiento y consentimiento de los magistrados de GANA y del FMLN. ¡A todos estos desgraciados les llegará su turno ante la Ley!
Concluyo: cuando los asesores del Presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt le hicieron ver que el tirano Somoza era un “hijo de perra”; sin inmutarse les respondió: es cierto, pero es “nuestro hijo de perra”. Infortunadamente, mientras nuestros funcionarios sigan cobijando la corrupción y sean un mal aceptable para los mezquinos intereses de la clase política, serán también “hijos de perra”.