El resto de las plazas suprimidas en la Procuraduría General de la República (PGR) es personal de psicología, trabajo social y administrativo al referirse a un reciente retiro en su mayoría de trabajadores pensionados o mayor de 60 años.
El Estado proyecta recortar 9,261 plazas en el gobierno central y 1,723 plazas menos en las instituciones descentralizadas. El gobierno busca ahorrarse $136 millones en un año con los recortes con recorte de plazas en más de 70 instituciones.
A la PGR le reducen las plazas de 1,814 a 1,459, lo que implica un recorte de $5,191,015 correspondiente a las 355 plazas.
La titular adjunta de la PGR aseguró que es un gran reto cumplir la función constitucional que poseen con ese déficit de 355 plazas; y pidió reforzar la institución con una cantidad equivalente a la que le recortó el Ministerio de Hacienda cuando presentó el plan de gastos a la Asamblea Legislativa.
Detalló que las plazas serían contratadas en las áreas de defensa pública penal, niñez y adolescencia; y parte de los fondos se destinarían a tecnología, concretamente en ciberseguridad.
Las cifras de la procuradora adjunta no coinciden con las informadas por asociaciones no gubernamentales que reciben denuncias de despidos. El pasado 25 de septiembre, el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y el Socorro Jurídico informaron en una conferencia de prensa de 400 despidos o "retiros voluntarios" de empleados de la PGR, de los cuales 275, aseveraron, ocupaban cargos de defensores públicos.