El Salvador se encuentra en el segundo régimen de excepción cuya vigencia finaliza el próximo miércoles 25 de mayo en medio de cuestionamientos sobre el incumplimiento de derechos humanos. Sin embargo, el Gobierno ya habla de prorrogarlo en medio de reclamos por violaciones a derechos humanos.

El abogado Eduardo Escobar explicó que la Constitución de la República plantea que se puede aprobar el régimen de excepción por 30 días y se puede prorrogar por igual plazo. Según el jurista, solo se podría ampliar nuevamente la prórroga “si existe la necesidad y si no existe un medio ordinario para atender la situación”.

Para Escobar, antes de avalar la tercera prórroga del régimen de excepción, debe evaluarse si el Estado “cuenta o no” con otras herramientas ordinarias para atender el alza de homicidios y el problema de las pandillas, y si es urgente o no la extensión del mismo.

Según el artículo 31 de la Constitución, cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron la suspensión de las garantías constitucionales, la Asamblea Legislativa o el Consejo de Ministros, según el caso, deberá restablecer tales garantías.

"Inconstitucional"

Por su parte, el director de Litigio Estratégico de Cristosal, Abraham Ábrego, menciona que la Constitución no especifica el número de prórrogas. “Lo importante es que se compruebe que las circunstancias que generaron el régimen se mantienen, eso es lo que exige la Constitución”, explicó.

Sin embargo, Ábrego cree que la prórroga aprobada 24 de abril –que se aplicó a partir del 26 de abril–fue “inconstitucional” porque la circunstancia que lo motivó –el alza de homicidios– había disminuido: “Porque ya no hay una particularidad que lo motive”. “El régimen de excepción es un mecanismo excepcional que debe ser utilizado en situaciones extremas y temporales”, expresó.

Ábrego compara el régimen actual con el estado de excepción que se aplicó durante el conflicto armado y opina que aprobar una nueva prórroga sin mayor análisis sería un fraude.

La abogada y defensora de derechos humanos, Fátima Ortiz, menciona que para establecer una nueva prórroga del régimen de excepción la Asamblea debe mostrar la ley o las reformas que se realizarían.

Capturas versus violaciones a derechos

El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo luego de una ola de homicidios que terminó con la vida de 87 salvadoreños en tres días, 25, 26 y 27 de marzo. La ola de homicidios bajó repentinamente el 28 de marzo.

El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y diputados de Nuevas Ideas no han descartado una tercera prórroga.

El régimen ha permitido la captura de 27,831 supuestos pandilleros o terroristas.

Sin embargo, solo la asociación Cristosal en El Salvador ha recibido más de 359 denuncias sobre abusos de autoridad y ejercicio arbitrario de la fuerza.

Organizaciones como Amnistía Internacional están pidiendo revertir la anulación del derecho de defensa y del plazo máximo de detención de 72 horas, además de que denuncian capturas de personas solo por tener tatuajes no alusivos a pandillas y dejar de estigmatizar a periodistas y defensores de derechos humanos.