El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo que difícilmente convocará hoy a una sesión plenaria extraordinaria, para aprobar la "Ley de regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia del COVID-19", cuyo proyecto recibió el jueves el órgano legislativa de la Presidencia de la República.


Ponce señaló que el trasfondo del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo es la suspensión de los derechos constitucionales.


“Tal como ha llegado, yo creo que a cualquiera le asusta”, expresó. “Si tú lees el documento, en términos generales, pueda decirse que dentro de ese proyecto hay, entre comillas, un fraude de ley, en el sentido que se te está vendiendo una propuesta pero en el fondo es otra, en el sentido que amerita otro tipo de votación, una votación calificada; y es el hecho que deje entrever de que se coartan derechos constitucionales, se restringen derechos constitucionales bajo una votación posible de 43 votos”, señaló el presidente legislativo.

El presidente de la Asamblea Legislativa dudó de que los diputados aprueben este proyecto tal como ha sido enviado por el Ejecutivo.


“Ningún diputado se va a atrever, vamos a suponer, que quiera un encierro total, porque eso significa encierro total para todos y los únicos que andarán afuera es el ejército y la Policía. Eso no creo que sea beneficioso para el país, para nuestra democracia”, declaró Ponce en la entrevista Frente a Frente.


La Asamblea no volvió a prorrogar el régimen de excepción que aprobó el 15 de marzo y duró 30 días en total. Este suspendió los derechos de circulación, reunión y a no cambiar domicilio.

“La ley de la cuarentena obligatoria ahí vienen algunos parámetros o algunas acciones de lo cual ha atemorizado al sector productivo, al sector empresarial, al sector de las comunicaciones, que alguien dice prácticamente es un encierro total”, rechazó Ponce.


La Asamblea Legislativa, añadió Ponce, discutirá la petición del Ejecutivo de la aprobación de $1,000 millones para atender los daños en la economía por la pandemia del COVID-19. En marzo, la Asamblea le aprobó al Ejecutivo $2,000 millones para la atención de la emergencia.