“Por culpa de Corte Plena tenemos una Sección de Probidad estancada”

El miércoles de la semana pasada, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Armando Pineda Navas, defendió el trabajo de la Sección de Probidad y anunció que la Corte Plena instruyó procesos sancionatorios contra los funcionarios y empleados públicos de gobiernos saliente y entrante que no han declarado sus bienes. Según el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio, el trabajo de la Sección de Probidad se ha quedado corto por la falta de apoyo de la Corte Plena. No duda que la nueva correlación de fuerzas, tras la elección por “criterio político” de los magistrados de las salas de lo Constitucional y de lo Civil, mantiene estancado el trabajo de Probidad e impide que se apruebe una nueva Ley de Probidad. Según Rubio, la nueva normativa debería de obligar a presentar la declaración con una sanción de destitución por no hacerlo. Sugiere que la normativa defina criterios para iniciar los procesos las investigaciones sobre posible enriquecimiento ilícito y que la Corte Suprema de Justicia refuerce la Sección de Probidad.

 

Este mes, se cumplen 13 meses de la elección de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo evalúan el trabajo que la Sala ha hecho hasta el momento y la calidad de las sentencias?

Hay dos maneras de verlo. Una es comparando con la anterior Sala. Ese uno de los problemas que tiene esta Sala; la Sala anterior subió la vara de la calidad de las resoluciones y no hay duda que se queda pequeña con respecto a la anterior, en velocidad, la calidad de las resoluciones, etcétera, creo que ha andado bastante lenta. Nosotros hemos metido recursos de inconstitucionalidad y ya llevan bastante tiempo. Sabemos de la mora que pueden tener es alta, pero la velocidad que le imprimió la anterior Sala redujo la mora y, por lo tanto, la nueva Sala no debería de retrasar tanto las resoluciones.

Creo que todavía no tenemos suficientes resoluciones para poder hacer un juicio definitivo. Diría que la Sala anterior sí mantuvo una distancia muy buena, a diferencia de salas anteriores, especialmente cuando estaba (Elías Antonio) Saca, que era una total sumisión al Gobierno. Creo que esta Sala no tiene ni cercanía ni distancia, es un poco difícil establecer hasta qué punto podemos tener un juicio acabado, porque la Sala no ha tenido como grandes pruebas. Las pruebas fuertes de la anterior Sala fueron cuando el vino el decreto 743, las resoluciones sobre la elección de funcionarios de segundo grado, hubo resoluciones bastantes fuertes donde la Sala se apegó a derecho.

En esta Sala creo que hay buenos magistrados a título personal. Como ente colegiado, pues deja todavía un panorama incierto sobre las resoluciones que puede tomar, no me atrevo a juzgarlos si su trabajo ha sido bueno o malo, lo único que puedo decir es que hay gente buena, que trata de actuar con buen criterio; pero que el ente colegiado está siendo lento y todavía queremos ver cuáles van a ser las señales que va a dar ante casos emblemáticos.

 

¿Cree que la Asamblea Legislativa logró elegir a los mejores candidatos para la Sala de lo Constitucional?

Yo creo que no, porque pesó muchísimo el criterio político, sí hubo un par de magistrados electos que conoce; pero quedó gente fuera, como una de las más calificadas que era Ivette Cardona. Predominó bastante el equilibrio, dos cercanos y dos cercanos (a los partidos). Creo que el abogado Áldo Cáder es una persona ha mostrado también conocimiento, independencia, él es que ha salido hablando más con los medios de comunicación y eso da mayores elementos para conocerlo. Los otros no han dicho mayor cosa. Con esto del veto del Presidente, han tomado su distancia del Ejecutivo. Es bueno; pero, como te digo, no ha habido resoluciones importantes o que hayan resuelto recursos de inconstitucionalidad pesados. Esperemos. No tengo una opinión acabada. Lo que sí esperaría es que se aproximarán a la independencia y a la calidad profesional que tenían los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional.

 

¿Qué opina que la Corte Plena no entregara información sobre las declaraciones patrimoniales de 2018?

Aquí ha habido un retroceso en Corte Plena. Por culpa de Corte Plena tenemos una Sección de Probidad que prácticamente quedó estancada, quedó parqueada. Todo el auge que hubo de la Sección de Probidad que facilitó llevar a juicio penal a los expresidentes de la República, ese ímpetu está apagado. Vemos actitudes como esta, de que se han negado a dar determinada información pedida por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Yo entiendo que hay cierta información que no se puede dar, no puedes dar total información de las declaraciones, pero para eso la ley (dice) qué cosas sí y qué cosas no (pueden revelarse).

Hay que buscar un balance entre la información que por ley se tendría que dar y conocer sobre las declaraciones de patrimonio, y guardar cierta confidencialidad que está establecida por la ley. El tribunal, que es el Instituto de Acceso a la Información Pública, es la máxima autoridad en materia de acceso a información y, si no lo cumplen, están desobedeciendo la autoridad del Instituto.



¿La configuración que se hizo el año pasado con la elección de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil es lo que vino a afectar la correlación en Corte Plena?

Las elecciones parecieran que han hecho que muchas decisiones que ahora se toman en Corte Plena no sean muy favorables a la democracia, muy favorables a la transparencia. Una prueba es eso: la poca importancia y relevancia que le han dado a la Sección de Probidad y el estancamiento que tenemos, no se ve voluntad de Corte Plena, aunque sí de algunos magistrados, de tonificar a la Sección de Probidad.

 

¿Cuáles factores logran identificar como los causantes del entrampamiento en la aprobación de la nueva Ley de Probidad?

Intereses. Magistrados que han sido elegidos, que entraron, que no solo fueron de la Sala de lo Constitucional, sobre todo, fueron elegidos con criterios políticos, personas que podían ser consideradas a un partido político u otro. Cuando entras a tocar intereses como son las declaraciones de patrimonio, ahí entran en juego los frenos que pueden darse a una determinada información o actividad por parte de la Sección de Probidad. Juegan muchos esos intereses. Recuerdo el caso del mismo presidente de la Sección de Probidad, que se quería candidatear (a magistrado de la Sala de lo Constitucional); pero, al mismo tiempo, la declaración de patrimonio de Guillermo Gallegos, prácticamente lo exoneraron rápidamente. Hay funcionarios, por ejemplo, como el diputado (de Cambio Democrático), Juan José Martel, que dijo que no iba a presentar la declaración de patrimonio porque la ley es antigua. Yo no sé qué han resuelto, hay muchos casos ahí que están pendientes, yo sé que no es fácil entrar a investigaciones sobre investigaciones sobre enriquecimiento ilícito para que ameriten ser pasados a juicio. Muchas veces, cuando la Sección de Probidad ha dado, digamos, el visto bueno para determinados casos, quedan parados en Corte Plena. Entonces, entre las dificultades que encuentras en Probidad y las dificultades que hay en Corte Plena, pues, muchos expedientes sobre enriquecimiento ilícito no pasan.

 

¿Qué elementos debe incorporar una nueva Ley de Probidad?

Hay que actualizarla. No es mala en el sentido de que, aunque sea una ley que data de 1959, gracias al magistrado Rodolfo González, le quitó el velo de secretividad que había, porque antes se consideraba que era secreta y la interpretación que hizo la misma Sala de lo Constitucional y el mismo magistrado Rodolfo González, al entregar él su declaración de probidad. Él dijo que eso iba a ser público y que, si un funcionario entra, tiene que saber que su declaración de probidad, exceptuando sus datos personales, va a ser pública y que las auditorías también. No basta que con que pidas la declaración de probidad, tiene que haber una resolución de Probidad sobre la auditoría y de eso viene el recomendable a Corte Plena. Allí es donde se traban mucho las cosas. Ahora sabemos un poco más.

La ley de enriquecimiento vigente tiene defectos como las penas por no presentar la declaración de patrimonio, son pírricas, además, están en colones. Muchos funcionarios lo que hacen es no presentarla porque eso evita o dificulta que se hagan investigaciones posteriores y, si el funcionario ya va con la picardía de que se va enriquecer, entonces no presenta la declaración porque no lo van a investigar qué es lo que tenía antes de ser funcionario y mejor pagó la multa.

La pena debería de cambiar, debería ser una obligación presentar la declaración de patrimonio y el no cumplimiento de la obligación, ese delito, debería ameritar que ese funcionario tenga que ser destituido.

Creo que ya no son tanto reformas como reforzamiento porque, para indagar, para hacer una auditoría, primero, tienes que tener ciertos criterios más establecidos de a quién investigas y a quién no; caso contrario, se vuelve como algo discrecional. Tienen que haber criterios.

La Sección de Probidad anterior y la Sala de lo Constitucional dejaron algunos criterios, pero no los pusieron como ley, pero sí tenían determinados criterios para escoger (casos). Vino una demanda grande de solicitudes para tener las declaraciones de patrimonio y las auditorías, que es lo más difícil. Para tener una auditoría hay que investigar si lo que dice el funcionario, cuando entra y cuando sale, es cierto respecto a sus ingresos. Eso requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y ha sido una de las deficiencias también de la Sección de Probidad, que muchas veces, ante la falta de información que ellos tienen, descargan las pruebas en el acusado. Entonces, ahí tienen a muchos que andan buscando papeles de hace 15 años porque la Sección de Probidad no puede tener acceso a toda esa información.

Creo que la capacidad de investigación de la Sección de Probidad tiene que mejorarse, tienen que mejorarle los recursos, hacer auditorías requiere gente de confianza y gente especializada y honesta. Por eso digo, hay que ver el tema de criterios, las sanciones tienen que ser muy drásticas y dotarlos de mayor capacidad de recursos y de investigación. En el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia es de ver dónde están las prioridades, hay que apostarle a la Sección de Probidad y dotarla de mayores recursos.

Los corruptos que andan orbitando o que son parte del sol de la corrupción, pues, van a tratar de desmejorar esa ley de 1959 que, por lo menos, nos ha servido para salir delante. Esperaríamos que la ley se tienda a mejorar. Ellos, los magistrados, son funcionarios también y como que no tienen mucho interés de elevar las sanciones.

 

Siempre en el tema de transparencia, ¿ven congruencia en el discurso que se manejó sobre el uso de los gastos reservados con lo que actualmente está haciendo el Gobierno?

Creo que hay varias inconsistencias que hay que analizar. Para el presupuesto 2020 desaparece la partida 54315 que para este año tenía $30 millones. Pero hay una serie de elementos que dicen que no es congruente con determinadas acciones, el hecho de decir que van a transparentar esta partida, que van a auditarla.

El 2 de junio, se dio un decreto presidencial donde la información de la OIE (Organismo de Inteligencia del Estado) se decretó secreto de Estado y los funcionarios que revelen información están sujetos a sanciones. Es una de las cosas que no es congruente.

Tampoco es congruente que, cuando pedimos información sobre esa partida, que aún está vigente, se nos entregue más bien un cuadro sombreado. El Icefi (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales) solicitó información sobre gastos reservados de esa partida e igual viene sombreado en negro. No dan información sobre el presupuesto de la partida 54315, que es la que se dijo que va a desaparecer, que va a ser transparente y auditada. Nosotros hemos pedido de cómo se han usado, el Gobierno anterior usó parte de los $30 millones de esa partida 54315 y este Gobierno le quedaron como $17 millones de esos $30 millones, y hemos pedido información general sobre cómo se han usado esos gastos y nos han respondido que es reservada.

Para el próximo año, se creó el rubro de gastos financieros. Vemos que en el acuerdo legislativo esos gastos se pasaron a bienes y servicios para evitar el fraude de ley; ahora vamos a tener problemas con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esos rubros que iban sobre todo a Defensa y a Seguridad, estaban bastante altos y se han pasado a remuneraciones.

Dentro de remuneraciones, por ejemplo, según lo acordado, se repartieron $104 millones, de los cuales $28 millones van a equipamiento de hospital, creo que $19 millones a Defensa y $24 millones a Seguridad. En Seguridad casi todo va para alimentación, adicional a lo presupuestado en alimentación.

El punto es que esos fondos ya quedan adscritos a ese Ministerio, la ley prohibe transferencias a otro Ministerio; pero el Ministerio puede hacer cambios, puede usar discrecionalmente la partida de alimentos y más adelante la puede utilizar para personal, para gastos de inteligencia. Quedan niveles de discrecionalidad muy alta.