El Gobierno de Nicolás Maduro es considerado ilegítimo por gran parte de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y casi todos los países latinoamericanos, debido a que asumió un nuevo mandato en enero pasado, tras unos comicios celebrados en mayo de 2018 señalados de fraudulentos.

Esos comicios no fueron reconocidos por la oposición, la Iglesia venezolana y gran parte de la comunidad internacional.

Maduro fue reelegido en unas elecciones que se adelantaron de diciembre de 2018 a mayo de ese mismo año. Su periodo vence en 2025. La elección de mayo 2018 tuvo una abstención récord. Según los datos oficiales, difundidos por el Consejo Nacional Electoral, la participación alcanzó el 46%, aunque fuentes del organismo citadas por agencias internacionales, aseguran que al cierre de los colegios electorales, a las seis de la tarde, se situaba en el 32,3%.

En esta ocasión, los principales partidos de la MUD, ahora agrupados en el Frente Amplio, no se presentaron por carecer, aseguraron, de garantías democráticas.

El único adversario real de Maduro -quien según la autoridad electoral ganó con casi seis millones de votos- era Henri Falcón, que obtuvo 1,8 millones de apoyos y desconoció públicamente los resultados denunciando irregularidades.

A la toma de posesión de Nicolás Maduro apenas asistieron cuatro presidentes -los de Cuba, Nicaragua, Bolivia y El Salvador- más otros dos no reconocidos.

Maduro no fue investido en la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución venezolana, porque el parlamento -que presidente Juan Guaidó- lo considera ilegítimo de origen y un usurpador del cargo para el período 2019-2025.

Tras su investidura, la Organización de los Estados Americanos -con el voto de 19 de los 34 países- declaró ilegítimo a Maduro. El Salvador se abstuvo en la votación.

Antecedentes

Maduro asumió el poder en el 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, de quien este fue canciller. Maduro resultó electo en unas elecciones presidenciales en las que obtuvo una estrecha victoria sobre el candidato opositor Henrique Capriles, quien denunció fraude electoral.

A dos años de la asunción presidencial de Nicolás Maduro y en medio de una creciente crisis económica, el chavismo sufrió su peor derrota en 16 años al perder las elecciones parlamentarias en las que la oposición obtuvo casi el 60 por ciento de los votos y dos tercios de los escaños.

La victoria parlamentaria de la oposición parecía un posible punto de inflexión; la Asamblea Nacional podría votar para destituir a Maduro, quien se había enfrentado repetidamente con los líderes de la oposición desde que se convirtió en presidente. Pero antes de que asumieran el cargo, Maduro designó a sus magistrados al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para bloquear cualquier intento de destitución.

Al cumplirse la mitad del mandato de Maduro y en un clima de hiperinflación y escasez de productos básicos, la oposición introdujo una solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral para activar el referendo revocatorio contra el presidente, que fue suspendida por el poder judicial unos meses después tras recibir denuncias por parte de organizaciones oficialistas por supuesta falsificación de firmas.

En marzo de 2017, el Tribunal Superior de Justicia, respaldado por Maduro, intentó disolver la Asamblea Nacional, liderada hasta ese momento por la oposición, lo que provocó una ola de protestas casi diarias que duraron más de tres meses y dejaron 131 muertos.

La Constituyente

Para contrarrestar las protestas opositoras y el clima de inestabilidad política, Maduro anunció que convocaría la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La oposición decidió mantener las protestas y boicotear los comicios por considerarlos "inconstitucionales".

Los venezolanos fueron convocados a las urnas en julio de 2017 para votar por un nuevo cuerpo legislativo, que se denominó como la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Se celebraron los comicios para elegir los 545 integrantes de la asamblea en medio de un boicot opositor que fracasó en su cometido de impedir las elecciones. El llamado a la abstención de la oposición causó que todos los integrantes de la Asamblea Constituyente sean partidarios del presidente Nicolás Maduro.

El nuevo órgano electo reescribiría la constitución de 1999, promovida por Chávez, que extendió los límites del mandato presidencial y permitió reelecciones indefinidas.

En agosto, se instaló en Venezuela la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo con plenitud de poderes que es desconocido por la oposición y buena parte de la comunidad internacional. Entre sus primeras decisiones, la asamblea destituyó a la fiscal general Luisa Ortega, que había presentado un recurso de nulidad contra la convocatoria a la constituyente.

De ahí se produjeron las elecciones del 20 de mayo de 2018, desconocidas por la oposición, la comunidad internacional y la Asamblea Nacional, que en enero de este año nombró a Juan Guaidó como “presidente encargado”, bajo el respaldo de Estados Unidos, la mayoría de naciones latinoamericanas, la Unión Europea y más de 50 países más.

El gobierno de Salvador Sánchez Cerén ha estado apoyando a Maduro en todas las crisis.