Desde entonces, se ha querido mostrar a la sociedad y al mundo que este crimen fue el resultado de decisiones individuales desesperadas, tomadas por militares que se extralimitaron en sus funciones, o como pasos espontáneos de los jefes y oficiales que luego fueron juzgados debido sobre todo a la fuerte presión internacional y ante las amenazas de suspensión de la ayuda militar, tan necesaria para hacer una guerra que entonces ya se había convertido en negocio para algunos, pero que había cobrado decenas de miles de vidas de otros.
Así las cosas, el más conocido como “Caso Jesuitas”, aunque también cobró la vida de una mujer y de una adolescente, dejó una estela de preguntas sin respuesta, o más bien, cuya respuesta se ha ocultado durante los últimos treinta años y que vale la pena traer a cuenta, como una forma de dimensionar el alcance que la impunidad ha tenido en la historia del país.
Para empezar sobre la campaña de odio contra la UCA. Esta se fraguó en el seno del Estado Mayor Conjunto, en donde existía el llamado “Conjunto V” que entre otras cosas, se encargaba de los llamados “asuntos civiles” lo cual incluía desde aspectos tan dispares como “guerra psicológica “, hasta operaciones de inteligencia separadas del cauce institucional formal, me refiero a la organización de grupos de apoyo cívico y hasta paramilitar.
La campaña mediática se enfocó en programas de radio y a través de las declaraciones públicas de altos jefes militares que se refieren a la universidad como un centro de adoctrinamiento comunista, o como un refugio de guerrilleros y lugar donde estos almacenaban armas, lo que era una suposición ridícula. La noche del 11 de noviembre de 1989 en medio de los primeros ataques guerrilleros a las principales ciudades, se escuchó a través del “micrófono abierto” de la radio del ejército, a supuestos ciudadanos que “espontáneamente “ pedían la expulsión de los jesuitas del país, la cabeza del rector y mano dura contra cualquiera que se considerara opositor del gobierno.
Los participantes en estos programas no eran ciudadanos anónimos, eran parte del mismo sistema de comunicaciones del ejército y expresan semejantes opiniones con base a un guión preexistente. ¿Quién diseñó esta campaña de odio? ¿Por qué nunca se ha reconocido la existencia de un equipo de guerra psicológica a la orden del Estado Mayor de entonces? ¿Por qué nunca fueron juzgados sus artífices? ¿Que país apoyaba con entrenamiento y fondos esta área del ejército?
Antes de que se llevarán a cabo los asesinatos, desde el Estado Mayor se había ordenado dos días antes, la realización de un cateo a la residencia de los jesuitas dentro del campus de la UCA. Este registro fue realizado por la misma unidad de Comandos del Batallón Atlacatl que menos de 48 horas después asesinaron a los habitantes de la misma. Pero no fueron solos, les acompañó al menos un oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia, la extinta DNI, que luego dio paso tras los Acuerdos de Paz, al actual OIE.
Sobre lo anterior: ¿por qué nunca se conocieron los reportes del OIE relativos al cateo previo en la universidad? Si se tenían denuncias de armas encontradas en las instalaciones y que supuestamente pertenecían a la guerrilla, ¿por qué el cateo se concentró específicamente en la residencia de los jesuitas? La ofensiva guerrillera había iniciado al final de la tarde del sábado 11 de noviembre, ¿por qué esperaron para practicar este registro hasta que regresó el padre Ellacuría de España?, ¿quién fue el oficial que lo reconoció al ingresar este al campus proveniente del aeropuerto?
El crimen estaba en marcha, los principales jefes militares se habían reunido previamente para analizar la difícil situación militar en la que se encontraban y en la que hoy todos reconocen que el ejército había perdido iniciativa y control sobre el territorio. Sin embargo, hubo otras reuniones paralelas en las que siempre se mencionan a René Emilio Ponce, Francisco Helena Fuentes, Inocente Orlando Montano y, por supuesto, a Guillermo Benavides Moreno, este último al mando de la Escuela Militar y anfitrión de la unidad de comandos del Batallón Atlacatl que llevó a cabo el crimen.
¿Por qué se sostuvieron estas reuniones en secreto si el esfuerzo militar requería la participación de otros medios y la coordinación del resto de jefes militares? ¿Por qué durante la etapa del juicio no se ahondó en la posible responsabilidad del coronel Cerna Flores, que era el jefe de operaciones del ejército la noche de la masacre? ¿Por qué se ocultó en un primer momento al presidente Cristiani la realización de estas reuniones paralelas? ¿Por qué el entonces coronel Ponce ordenó que no se hicieran informes escritos de lo actuado, sino que únicamente se le informara verbalmente?
Cuando las fuerzas especiales del ejército ingresaron a la UCA, las calles de acceso estaban bajo el control de un sinnúmero de unidades militares, debió ser necesario la coordinación para que la menos tres círculos concéntricos que rodeaban el campus de la UCA se abrieran para dar paso a los miembros del Batallón Atlacatl y evitar víctimas por “fuego amigo”. ¿Existieron grabaciones de las comunicaciones por radio de esa noche?
La última planta del edificio privado más cercano al campus universitario era el de la ya conocida como “Torre Democracia”, que estaba desocupada y era utilizada entonces como una estación de comunicaciones de la Policía Nacional. ¿Qué vieron esa noche? ¿Existió algún tipo de supervisión sobre el operativo? El mismo presidente Cristiani reconoció, tiempo después, que la noche de los hechos vio a dos asesores militares estadounidenses que permanecían en el mismo centro de mando del ejército, ¿sabían estos lo que iba a ocurrir o que ya estaba ocurriendo?
Hay muchas preguntas sin respuesta en torno a este caso, aquí se menciona una parte mínima de las que se infiere de algunos hechos previos. Lo que sí puede asegurarse es que, antes de cometerse la masacre de la UCA contra sacerdotes desarmados y dos mujeres, ya se tenía preparado un plan de operaciones y una “historia oficial” que desde entonces se ha querido imponer a la sociedad a la Fiscalía y al órgano judicial.
Dicha historia oficial pasa por desconocer la rígida estructura y jerarquía de mando en la Fuerza Armada salvadoreña, por intentar responsabilizar únicamente a los autores materiales del hecho y por liberar de responsabilidad incluso a los que fueron artífices de su encubrimiento.