El Departamento de Estudios Legales de Fusades presentó ayer su informe de Coyuntura Legal e Institucional, que evalúa el Estado de Derecho, transparencia y clima de negocios en el país en el último trimestre del año.
A través de una solicitud de acceso a la información pública a Corte Suprema de Justicia, los investigadores solicitaron la cantidad de casos que prescribieron el año pasado, debido a que pasaron 10 años sin que se llevara a cabo una auditoría o se pronunciara la Corte Plena.
Según el informe de la Unidad de Acceso a la Información (UAIP) de la Corte, de estos 76 casos, al menos nueve fueron “finalizados” pero no fueron conocidos por la Corte Plena; otros 15 se encontraban en diferentes etapas de investigación, y 49 más se encontraban pendientes de ser auditados.
Otros casos fueron depurados por la CSJ porque “ya había sido procesado con el cónyuge, que también era funcionario”; y otros dos más quedaron en la etapa de auditoría mientras falleció el funcionario investigado.
Lilliam Arrieta, investigadora sénior de Fusades, destacó que la Corte Plena autorizó que se enviara a juicio a ocho funcionarios durante 2019, equiparándose al 2016, “uno de los años con más casos resueltos”.
Uno de estos expedientes es el de Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa, en el que se determinó que sí existían indicios de enriquecimiento ilícito.
A pesar de estos resultados, añade, “es evidente que la Sección está desbordada y no puede atender todos los casos pendientes”. Probidad tiene 396 casos de auditorías pendientes, pero capacidad material para enfocarse solo en 53, por lo que realiza 13 % de su trabajo acumulado.
¿Por qué prescribieron?
La Corte Plena aprobó el 31 de enero de 2019 que la Sección de Probidad investigue el patrimonio de funcionarios siempre que no hayan transcurrido 10 años después del cese del cargo. Este elemento, regulado en la Constitución de la República, no tenía una instrucción expresa por parte de la Corte Plena hasta entonces.
Dos semanas después, los magistrados de la Comisión de Ética y Probidad recibieron un informe con los casos prescritos y procesados por prescribir; pero decidieron enfocarse en los casos próximos a vencer: 78 en todo 2019, de los cuales 61 son exfuncionarios salientes de la administración de Elías Antonio Saca, y 17 que aún poseen cargos públicos.
A finales de agosto, la CSJ informó que los casos prescritos podrían ser remitidos a la Fiscalía General de la República para que no queden impunes; sin embargo, solo un caso ha sido enviado al Ministerio Público.
Casos con indicio de enriquecimiento ilícito, “deberían ser remitidos a la Fiscalía” para juicio penal o acción de extinción de dominio, indica el informe de Fusades.
Situación legal en El Salvador según Fusades
36.6 %
Democracia
El nivel de satisfacción con la forma en que la democracia funciona en El Salvador ha sufrido una disminución, llegando al punto más bajo desde 2004: un 36.6 %.
8
Vetos
Se evidencia tensión entre el gobierno de Nayib Bukele y la Asamblea: emitió ocho vetos y 14 observaciones en seis meses, superando el ritmo del expresidente Francisco Flores.
1,584
Casos
La Sala de lo Constitucional acumula 1,584 casos pendientes de resolución, un aumento del 103.8 % respecto a los 777 procesos acumulados hasta junio de 2018.
396
Procesos
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente realizar 396 auditorías del patrimonio de exfuncionarios, y capacidad instalada para hacer 53.
22
Funcionarios
Un total de 22 exfuncionarios en el período de 2014-2019, no presentaron declaración jurada de Probidad a la Corte Suprema de Justicia.