AFP.


La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo este jueves que el expresidente Evo Morales, que está asilado en México, "no está habilitado" para postularse a un cuarto mandato en las próximas elecciones, tras la anulación de los comicios de octubre por "irregularidades".

"Evo Morales no está habilitado para un cuarto mandato, por eso ha sido toda esta convulsión (..), don Evo Morales y don Álvaro García no están habilitados para un cuarto mandato", enfatizó en conferencia de prensa.

Sin embargo, el partido del exgobernante, el Movimiento Al Socialismo (MAS) "tiene derecho de participar en elecciones generales", aclaró. Y recomendó "que vaya buscando candidato".

Morales, que gobernó Bolivia casi 14 años, fue habilitado por una polémica sentencia del Tribunal Constitucional en 2017 para postularse a un cuarto mandato, al considerar que era "un derecho humano".

El fallo fue adverso a un referéndum nacional, que le había negado un año antes esa posibilidad a Morales.

Ante objeciones de que fue proclamada sin el cuórum reglamentario, el mismo tribunal avaló el lunes la elección de Áñez, con una interpretación jurídica que contempla un sostén "mínimo constitucional" en un contexto de crisis política, para evitar que el país tenga un prolongado vacío de poder, según el analista Carlos Borth.

Ante la prensa, Áñez agregó: "Que ellos (Mesa y García) hubiesen tenido sometidos a todas las instituciones del país son dos puntos aparte, pero lo que ahora lo que nosotros queremos es transparencia, es independencia de poderes, que (el tribunal) actúe de acuerdo a normas".

En la misma línea, el excandidato presidencial Carlos Mesa, quien pidió elecciones en el tiempo "más corto posible", dijo que Morales no puede ser habilitado como candidato, pues cometió un "delito".

"El señor Morales es autor de un grave delito que es pasible a una sanción penal y el fraude ha sido cometido contra el país, pero en particular contra mí", dijo Mesa, que reivindicaba su derecho a una segunda vuelta, antes de que los comicios fueran anulados por el propio Morales, tras un informe de la OEA que encontró "graves" irregularidades.