La embajadora de Canadá en El Salvador, Maryse Guilbeault pidió ayer que el próximo fiscal general de la República sea elegido en base a méritos y no por criterios políticos.

“La elección del próximo fiscal tiene que ser no por orden político, sino meritorio. Es crucial que la persona que va a quedar al frente de la Fiscalía sea independiente y comprometido con el combate contra la corrupción”, pidió la embajadora canadiense.

La funcionaria contó que el informe que envió a su país y “creó más sorpresa” fue el caso de corrupción del expresidente de la República, Elías Antonio Saca. El exmandatario fue condenado a 10 años de prisión por apropiarse de unos $300 millones del erario público.

“Hace diez años en esta región era imposible pensar que un presidente o un expresidente podría estar encarcelado por crímenes de corrupción”, expresó la diplomática canadiense.

Planteó que el fortalecimiento de las instituciones por medio de la elección de funcioanarios independientes es clave para el combate de la corrupción.

“La lucha contra la corrupción empieza con fortalecer las instituciones y lo que estamos viendo que se han logrado muchos avances en la lucha contra la corrupción”, expresó.

El director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en El Salvador, Peter Natiello dijo que el país requiere una fiscalía “independiente y preparada para responder a los caso de corrupción”.

Consideró que “afrontar la corrupción es clave para el desarrollo de El Salvador. Es un fenómeno complejo que no puede ser atacado por una sola institución”, dijo en alusión a la Fiscalía.

Rootman Pérez, secretario de Política Criminal de Guatemala en la gestión de la fiscal general, Thelma Aldana dijo que la elección del fiscal debe contar con un mecanismo de evaluación objetiva; es decir, que exista una tabla de ponderación para calificar la trayectoria, la preparación profesional y la capacidad de los candidatos a fiscal. Recomendó que los diputados elijan a un fiscal general que cumpla los criterios de “probidad y experiencia”.

La representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con sede en Washington, Úrsula Indacochea pidió la aplicación de estándares internacionales como “transparencia y mecanismos de participación de la sociedad civil” en el proceso de elección.

La semana pasada, la subcomisión política de la Asamblea Legislativa concluyó las 32 entrevistas de los candidatos a fiscal y ayer entregó el informe de los aspirantes que, debido a la preparación académica y trayectoria, tienen más idoneidad para el cargo.