El director de Transparencia Internacional, Alberto Precht, consideró el momento propicio para que El Salvador cierre las puertas a la contratación de funcionarios públicos a cambio de favores políticos.
“Sobre todo en el momento que está viviendo El Salvador, con el cambio de Gobierno, es muy importante que se pase a una profesionalización del aparato público, porque los recursos de todos los salvadoreños están para pagar a los funcionarios públicos y no están para pagar favores políticos”, expresó .
Uno de los beneficios de actualizar la normativa sobre el servicio público es, según él, elevar la calidad del servicio público hacia la población.
“En todos los países que ha llegado este tipo de reformas, aquellos que hacen mal el trabajo van a tener que irse pero los que han hecho bien el trabajo, ni tienen nada que temer”, señaló. Además, recordó que el nepotismo es una forma de corrupción que viven frecuentemente los países de América Latina.
“Eso es corrupción. Las personas cuando llegan por amiguismo, sin tener los méritos, que no saben lo que tienen qué hacer, eso genera corrupción. La ineficacia del Estado genera corrupción, daña la vida de las personas”, expresó.
En ese sentido, el director de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Javier Castro, dijo que es necesaria esta ley para evitar los casos de nepotismo como los denunciados en las últimas horas por el presidente de la República, Nayib Bukele.
A través de redes sociales, Bukele ha denunciado y ordenado el despido de diez familiares del expresidente Salvador Sánchez Cerén que ostentaban cargos de dirección y jefaturas en instituciones públicas y otros diez han sido destituidos familiares de dirigentes del FMLN.
El llamado a Quijano
En El Salvador, Fusades, la Fundación para el Desarrollo (Funde) y la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ) son parte del Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública (EIRFP) que desde 2017 ha procurado la aprobación de esta normativa.
En esa línea, el coordinador de la EIRFP, Gustavo Amaya, pidió que el presidente de la Asamblea Legislativa y de la Comisión Política, Norman Quijano, convoque a la comisión ad hoc conformada hace menos de dos meses para el estudio del proyecto de Ley de Servicio Público.
