El BID indicó que el préstamo financiará los esfuerzos del país para enfrentar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia. / DEM
La aprobación de un préstamo por $250 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que El Salvador haga frente a la crisis incluye compromisos por parte del Gobierno central para reducir el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento, además de mejorar la inversión pública.
La institución financiera anunció este jueves la aprobación de un crédito de $250 millones para El Salvador bajo la modalidad de Financiamiento Especial para el Desarrollo, recursos que tendrán por destino el fondeo de las medidas para contener la crisis sanitaria, mitigar el impacto en los hogares vulnerables y promover políticas anticíclicas para reducir el efecto en la economía.
El Salvador se encuentra en proceso de recesión debido a la paralización del tejido productivo, además de una caída en las remesas y las exportaciones, dos sectores claves para mantener la economía nacional. La estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) es una contracción del -5.4 %, mientras que se espera que los ingresos tributarios -principal fuente financiamiento del Gobierno- se desplomen hasta $1,000 millones.
El BID aseguró que el crédito contempla un compromiso por parte de las autoridades salvadoreñas para reducir el déficit fiscal que según estimaciones del Ministerio de Hacienda podría rondar el 9 % del Producto Interno Bruto (PIB). También hay un acuerdo para focalizar la inversión pública en áreas de alta relevancia para la reactivación económica y mantener así una economía competitiva y transparente.
“Los efectos de la pandemia en las finanzas públicas, en particular el monto importante de endeudamiento requerido para atender la emergencia, requerirán de medidas decisivas en el mediano plazo para proteger la estabilidad macroeconómica”, indicó el BID en un comunicado. De esa forma, aseguró la institución, el crédito también incluye un compromiso del Gobierno salvadoreño de implementar medidas en el mediano plazo orientadas a disminuir la deuda pública en línea con la Ley de Responsabilidad Fiscal.