Existe la posibilidad de que se vean desfinanciadas actividades gubernamentales por falta de presupuesto y porque el FMI, además de apoyar financieramente al país, sirve de órgano de referencia para nuestros acreedores, quienes ven con preocupación la prolongada discusión que aún no se traduce en acuerdos.
En el caso de la aprobación de la Ley del Presupuesto, la Constitución es clara al asignarle al Ejecutivo la dirección de las finanzas públicas y la obligación de mantener un equilibrio en las cuentas públicas.
Por su parte, la Asamblea puede aceptar o rechazar los créditos solicitados y formar comisiones especiales que examinen las cuentas del Ejecutivo.
El denominador común es la necesidad de ejercer un auto control sobre el gasto público, basado en una ley que debe ser clara y acorde con las necesidades de desarrollo, y que permita honrar los compromisos del país. Esto es lo que demandan la sociedad y la comunidad internacional: un acuerdo oportuno que le permita a El Salvador contar con un presupuesto en el 2020, y que evite ser calificado como una nación con una economía de riesgo para la cooperación y la inversión.
Acuerdos oportunos y equilibrios constitucionales. Estos son la antesala del nuevo presupuesto.